En las largas filas de los locales de cobranzas del centro de Montevideo y en las conversaciones vecinales sobre el vencimiento del mes, la boleta de la luz funciona como un termómetro exacto del costo de vida. Durante la campaña electoral que lo llevó a la Torre Ejecutiva, el hoy presidente Yamandú Orsi colocó este tema en el centro de su plataforma discursiva. En un recordado acto en la Plaza de Toros de Colonia, el entonces candidato apuntó contra la administración anterior por desmantelar la histórica Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCBR), denunciando que la mitad de los 360.000 hogares beneficiarios habían perdido el subsidio, pasando a pagar un 25% más en promedio.
Catorce meses después del cambio de mando, la realidad de las planillas financieras y los equilibrios del Ministerio de Economía terminaron imponiendo condiciones. La promesa de campaña debió reconvertirse en una versión sumamente acotada, y el propio Directorio del ente energético reconoció que una apertura masiva del beneficio no está en los planes de discusión actuales.
Los fríos números de una ventanilla que pocos conocen
Para intentar responder al compromiso del mandatario, UTE aprobó a finales del año pasado la denominada Bonificación TCB, un descuento comercial del 40% en la Tarifa Residencial Simple. Sin embargo, el beneficio nació con un alcance quirúrgico y restrictivo: está destinado exclusivamente a jubilados que perciben la prima por edad y a hogares de becarios del Fondo de Solidaridad, siempre y cuando no superen un consumo mensual de 150 kWh.
Los datos oficiales a los que se tuvo acceso exponen un fuerte problema de implementación. De un universo potencial estimado en 40.000 hogares en condiciones de vulnerabilidad, el descuento llega actualmente a apenas 12.993 servicios contratados. Existen más de 27.000 personas en todo el país que hoy cumplen con los requisitos legales para pagar menos en su factura de energía pero siguen abonando la tarifa común, una brecha que las autoridades atribuyen de forma preliminar a severas fallas de comunicación pública y burocracia informativa.
La propia ministra de Industria, Fernanda Cardona, tuvo que salir a blindar la medida ante la interna del Frente Amplio, definiendo el nuevo descuento como una “señal” de cumplimiento con el mensaje presidencial, pero pidiendo a la Mesa Política del oficialismo ser “serios y lógicos”, asumiendo que las urgencias de la caja del Estado impiden “volver el tiempo atrás”.
El goteo que no para y la postura del Directorio
En paralelo a la baja efectividad de la nueva bonificación, la vieja TCBR creada en 2010 —que protegía a quienes mantuvieran consumos estables por debajo de los 230 kWh— sigue sufriendo un proceso de extinción ininterrumpido. El gobierno de la coalición suspendió el ingreso de nuevos usuarios en 2022 y la actual conducción decidió mantener ese candado. Al cierre de diciembre pasado, quedaban menos de 145.000 cuentas activas con este beneficio, menos de la mitad del pico histórico registrado en 2021.
Cualquier contingencia doméstica habitual, como mudarse de barrio, pasarse del tope de consumo dos veces en un año debido a las olas de frío invernales o pasar a la categoría de Bono Social, significa perder de forma definitiva la tarifa subsidiada sin posibilidad de retorno.
La postura oficial ante este escenario quedó fijada por el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, quien descartó de plano cualquier intento de flexibilización inmediata en el corto plazo. “Soy sincero, ampliarla no es lo que estamos estudiando. No vemos que haya una demanda muy grande y tenés que ir guardando algunos recursos para apoyar otro tipo de bonificación. En este momento no está dispuesto en la mesa de discusión. Hay momentos para dar peleas, hay que esperar”, argumentó el jerarca.
Mientras los mostradores comerciales de la empresa pública siguen despachando usuarios hacia las tarifas inteligentes o la Residencial Simple, la discusión de fondo vuelve a mudarse a los despachos del Ministerio de Economía. Allí, la prioridad del equipo financiero pasa por consolidar las metas fiscales y evaluar el ritmo de las inversiones del país, dejando en claro que la sintonía entre los discursos de los comités de campaña y la gestión cotidiana del Estado suele tener un costo por kilovatio hora difícil de financiar.