Frente Amplio expulsa a edil salteño tras su condena judicial
El episodio que llevó a que el Frente Amplio expulsa a edil salteño se convirtió en uno de los temas más comentados en la política uruguaya del fin de semana. La decisión del partido busca marcar una postura firme frente a los hechos que involucraron al representante departamental.
El Frente Amplio expulsa a edil salteño luego de que la Justicia lo condenara por asociación para delinquir, en el marco de la investigación por un intento de asalto a un local bailable durante una fiesta de Halloween. La decisión política se tomó apenas horas después de que el edil, Álvaro Godoy, admitiera su participación en el delito ante la Fiscalía de Salto.
Godoy fue sentenciado a 12 meses de prisión, divididos entre tres meses de cumplimiento efectivo y nueve meses bajo régimen de libertad a prueba. De estos últimos, tres deberán cumplirse bajo prisión nocturna, y el resto mediante tareas comunitarias. El proceso abreviado implica que el propio edil reconoció los hechos que se le imputaban.
Un proceso abreviado y una condena admitida
Según informó la Fiscalía de Salto, el edil del Frente Amplio fue uno de los seis implicados en la preparación del robo, frustrado luego de que la Policía detuviera al grupo durante la mañana del sábado. Todos los involucrados fueron imputados y condenados en el mismo procedimiento.
El hecho, que tuvo como escenario un popular boliche de la ciudad, generó fuerte conmoción política y mediática, sobre todo al conocerse que entre los acusados se encontraba un representante departamental del partido opositor.
Decisión política: expulsión inmediata del Frente Amplio
Fuentes del comité departamental señalaron que la expulsión del edil salteño del Frente Amplio responde a la necesidad de preservar la credibilidad del movimiento. “No podemos permitir que un hecho aislado empañe la historia del partido”, expresó un dirigente local.
“El Frente Amplio no puede tolerar ni un milímetro de complicidad con hechos de esta naturaleza”, expresó una fuente partidaria consultada. De todos modos, el proceso interno exige que la sanción sea ratificada por el Plenario, que tendrá la última palabra en la resolución formal.
Contexto: un hecho que sacude la política local
El caso generó impacto en el escenario político de Salto, donde el edil mantenía una activa participación en comisiones y actividades partidarias. Su detención y posterior confesión sorprendieron incluso a sus compañeros de bancada. “Es un golpe durísimo para la credibilidad de la fuerza política”, admitió un dirigente frenteamplista salteño, que prefirió mantener el anonimato.
Por su parte, integrantes del Comité Departamental señalaron que la expulsión “es una medida necesaria para proteger la imagen del partido y marcar un límite ético claro”.
La decisión del Frente Amplio de expulsar al edil salteño no solo marca una línea clara respecto a la conducta ética de sus representantes, sino que también reabre el debate sobre los mecanismos internos de control y transparencia en los partidos políticos. Desde la dirección nacional se enfatizó que “la confianza pública se construye con hechos”, y que el episodio servirá como punto de partida para revisar los protocolos de selección de candidatos en futuras elecciones departamentales. Por otro lado, voces dentro del propio FA reconocen que este tipo de situaciones golpean la imagen del partido en el interior del país, especialmente en un momento de fuerte polarización política.
En Salto, la noticia generó reacciones diversas. Algunos dirigentes locales respaldaron la resolución, destacando que el movimiento no podía permitir “manchas en su compromiso ético”, mientras que otros llamaron a mantener la prudencia hasta que se cumplan todas las etapas formales del proceso interno. De todos modos, el hecho de que el Frente Amplio expulsa a edil salteño tras una condena judicial refuerza un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y los delitos comunes, algo que la fuerza política pretende convertir en ejemplo para toda la dirigencia nacional.
A nivel social, la población salteña sigue atenta al desenlace político del caso, que combina elementos judiciales, institucionales y éticos. Mientras tanto, el edil condenado cumple con las medidas impuestas por la justicia, y el FA continúa evaluando los daños que el episodio podría causar en su imagen pública, especialmente de cara al próximo ciclo electoral.