El operativo policial que evitó un asesinato en Salto no solo destapó un crimen, sino una VERGÜENZA NACIONAL que pone al Frente Amplio en el ojo de la tormenta.
Que la policía haya evitado lo que pudo haber sido un robo sangriento y —según las hipótesis de la investigación— un intento de asesinato contra un empresario de Salto, debería ser motivo de alivio… pero lo que aflora a continuación es una humillación pública mayor y una llamada a cuentas que no podemos ni debemos silenciar.
La detención de seis personas implicadas en la planificación de un asalto —con armas, llamadas y mensajes que apuntan a una ejecución meticulosamente estudiada— revela una verdades incómodas: la delincuencia organizada no es un fenómeno abstracto ni lejano; se teje aquí, en nuestras calles, y en este caso con la sombra tremenda de vínculos políticos locales. Que entre los implicados exista la presunta participación de un edil del Frente Amplio no es un detalle menor: es una mancha que salpica la responsabilidad pública y obliga a quienes ocupan cargos a dar explicaciones claras, inmediatas y documentadas.
No se trata de juicios sumarios ni de entregarse al linchamiento mediático: se trata de exigir transparencia. Si las imputaciones y las pruebas confirman lo que ahora se investiga, estaremos ante una traición al mandato público y ante una gestión frenteamplista deplorable y la influencia para poner en riesgo vidas y negocios. El repudio no es únicamente hacia los presuntos delincuentes; es hacia cualquier estructura política que, por acción u omisión, permita que la violencia y la planificación criminal prosperen en su ámbito.
Cada nuevo dato del caso confirma que esta VERGÜENZA NACIONAL no es un hecho aislado, sino el resultado de años de descontrol y falta de autoridad
Y aquí está la otra gran verdad: la inseguridad no es un accidente de la estadística que se maquilla con comunicados oficiales. Cuando desde el gobierno se intenta disfrazar números o minimizar percepciones, las cifras duelen menos que las noches en vela de comerciantes y vecinos. Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, muchos salteños y uruguayos han sentido —y los hechos diarios parecen confirmar— un aumento notable de homicidios y hurtos. Que el Ejecutivo y las fuerzas políticas respondan con discursos no alcanza. Los datos, las políticas concretas y las medidas de prevención e inteligencia eficaz son lo que hacen la diferencia. Y si la realidad indica un retroceso en seguridad, la responsabilidad es ineludible.
Exigimos tres cosas, claras y rotundas:
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Investigación completa y sin privilegios. Que la Fiscalía llegue hasta el final, sin excepciones ni blindajes por pertenencia política.
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Transparencia y sanción. Si se comprueba la participación de funcionarias/os públicos, deben asumir las consecuencias penales y políticas. No puede haber impunidad por colores partidarios.
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Políticas reales de seguridad. Más discursos no; más inteligencia, coordinación policial, prevención y apoyo real a comerciantes y sectores vulnerables.
La inseguridad convertida en una VERGÜENZA NACIONAL
Salto hoy pudo haber llorado una víctima más. En cambio, la ciudad merece algo todavía más poderoso: una reacción firme de sus instituciones y una autocrítica política que termine con la costumbre de mirar para otro lado. La vergüenza no es sólo del edil implicado —si se confirma su responsabilidad—: es de la dirigencia que tolera, relativiza o se adormece ante la gravedad del aumento del delito.
Que este episodio sirva de bisagra. O asumimos responsabilidades reales, o seguiremos contando historias de miedo donde antes hubo seguridad. Y si la protección de la ciudadanía no es la primera obligación de nuestros representantes, entonces todo lo demás —promesas, slogans, alianzas— queda reducido a papel mojado frente al peligro de la violencia organizada. Salto clama por respuestas: no la dejemos esperando.
Uruguay no puede seguir tolerando que la corrupción y la delincuencia se infiltren en la política sin consecuencias. Cada escándalo impune destruye un poco más la confianza ciudadana y la esperanza en un futuro seguro. El caso de Salto debe ser un punto de inflexión: o se recupera la autoridad moral del Estado, o el crimen seguirá avanzando. Si este episodio no despierta una reacción firme, estaremos condenados a convivir con esta VERGÜENZA NACIONAL para siempre.