La atmósfera política en Bogotá alcanzó su punto de ebullición definitivo a las puertas de la crucial segunda vuelta de este domingo 21 de junio. En un escenario donde el país definirá su rumbo entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, las elecciones presidenciales en Colombia quedaron atrapadas en una ácida disputa diplomática y partidaria. La controversia estalló tras las fuertes declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, quien cuestionó duramente las garantías del proceso y sugirió que la comunidad internacional podría desconocer los resultados en zonas con problemas de orden público.
Por esa razón, la reacción de la Casa de Nariño no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro utilizó sus canales oficiales para lanzar una severa advertencia a Moreno, sugiriendo que podría tomar determinaciones drásticas respecto a su permanencia si continuaba interfiriendo en los asuntos locales. En concreto, el mandatario calificó las posturas del legislador republicano como muestras de racismo y desprecio hacia sus propios compatriotas. En consecuencia, la oposición cerró filas para defender al congresista norteamericano, acusando al Ejecutivo de intentar imponer una censura previa sobre los ojos del mundo.
El detonante colateral de este choque fue la reciente detención del activista Beto Coral en territorio estadounidense. Según Moreno, Coral actuaba en el país norteamericano bajo la figura de asilo político, pero al mismo tiempo ejercía funciones operativas como agente directo de la administración de Petro. Ciertamente, esta revelación profundizó la desconfianza entre las fuerzas de izquierda y derecha, trasladando la campaña electoral a un complejo tablero judicial y migratorio internacional.
El rol del CNE ante los observadores de las elecciones presidenciales en Colombia
Ante el incremento de la hostilidad verbal, la canciller Rosa Villavicencio debió salir públicamente a bajar los decibelios de la confrontación discursiva.
De hecho, la ministra de Relaciones Exteriores recordó de manera tajante que la potestad exclusiva para acreditar, sancionar o expulsar a los observadores internacionales le corresponde legalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y no de forma directa a la Presidencia de la República.
Sin embargo, la diplomática fue clara al señalar que el gobierno exige un comportamiento de absoluta imparcialidad a todas las delegaciones de veeduría. De esa manera, buscan evitar que discursos sesgados enturbien el desarrollo de una jornada que debe transcurrir en paz y con civismo.
Denuncias de la oposición por supuesta injerencia en la segunda vuelta presidencial colombiana
Por otra parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal sumó un nuevo foco de conflicto a la jornada de supervisión. La congresista opositora alertó formalmente al organismo electoral sobre la presencia de activistas vinculados directamente al chavismo y al partido de gobierno hondureño. Entre los nombres señalados por Cabal figuran la argentina Victoria Donda, el exembajador Gabriel Fuks y la militante hondureña Lizbeth Guerrero, a quienes acusó de formar parte de una plataforma de injerencia externa para favorecer la postulación oficialista.
Por este motivo, las autoridades del CNE se encuentran en sesión permanente para evaluar las credenciales y las denuncias cruzadas en las horas previas a la apertura de las urnas. Al fin y al cabo, el veredicto final sobre quiénes vigilarán las mesas de votación marcará la legitimidad de unas elecciones presidenciales en Colombia que se anticipan de infarto.