El acto de rendición: el Fideicomiso Salto se impuso por la complicidad
La Junta Departamental de Salto consumó lo que la ciudadanía temía: la aprobación del polémico Proyecto de Fideicomiso Salto. Este no fue un simple triunfo administrativo del Gobierno de turno, sino una victoria obtenida gracias a la inaceptable complicidad de cuatro ediles provenientes de la bancada del Frente Amplio. El proyecto, que compromete las finanzas del departamento a largo plazo y carga a las futuras generaciones con deuda, obtuvo 22 votos a favor sobre 31 ediles, superando con creces la mayoría especial de 21 requerida.
Esos cuatro votos son la prueba de una traición política y moral sin precedentes. La oposición, cuya función es ser el contralor de las arcas públicas, no solo cedió, sino que facilitó la herramienta financiera que el Gobierno necesitaba desesperadamente. El Fideicomiso Salto no es solo un instrumento técnico; es, en este contexto, un símbolo de la desvergüenza con la que se negocian los intereses de la gente en los despachos.
El precio del pacto: endeudamiento a espaldas del votante
El Fideicomiso Salto es un mecanismo que le da a la Intendencia la potestad de manejar recursos futuros para pagar deuda histórica y emprender obras. Pero el costo real es el endeudamiento. Al requerir una mayoría especial, la ley busca justamente proteger a los ciudadanos de decisiones apresuradas o sin consenso amplio. Esta protección fue pulverizada por el pacto político.
Los ediles del Frente Amplio, particularmente aquellos identificados con el sector del exintendente Andrés Lima, que votaron a favor, han comprometido la capacidad financiera de Salto por años. ¿Cuál fue el precio que pagó el Gobierno por esos cuatro votos? La sospecha de un arreglo bajo la mesa, posiblemente para blindar gestiones anteriores o para obtener beneficios particulares, ensucia la transparencia de todo el proceso. El Fideicomiso Salto es, desde su aprobación, una herramienta marcada por la sombra de la negociación oscura.
La sesión de la vergüenza: cruces e insultos
La sesión de la Junta fue un circo de tensiones y descontrol, reflejo de la indignación que se sentía en las barras. La votación nominal se convirtió en una pasarela de la rendición. Los ediles Gladis Martínez y Varela Minutti, ambos frenteamplistas, confirmaron el quiebre de su bancada al votar afirmativamente. El hecho generó insultos desde la tribuna, que obligaron a un cuarto intermedio.
El punto álgido se dio con el voto positivo de la edil Analía Fernández y de Nilda Díaz López, esta última declarada independiente. Estos votos, más allá de los cruces reglamentarios que intentaron desviar la atención, confirmaron la mayoría de 22. La ciudadanía asistió a la demolición de la ética opositora. La aprobación del Fideicomiso Salto se dio en el peor ambiente institucional posible, con la polarización en su punto máximo y la confianza en sus niveles más bajos.
La clave de la impunidad y la falta de contralor
Al apoyar el Fideicomiso Salto, la minoría del Frente Amplio no solo dio al Gobierno la herramienta financiera, sino que le quitó poder de contralor efectivo a la oposición de su propio partido. La capacidad de fiscalizar el destino de esos fondos futuros y el manejo de la deuda histórica queda seriamente comprometida.
La Junta Departamental, que debería ser el faro de la transparencia, se convirtió en el escenario de una maniobra que legaliza el endeudamiento con el respaldo de quienes deberían estar fiscalizando. Este Fideicomiso Salto no es un hito de la gestión, sino un registro histórico de cómo la política uruguaya, incluso en el interior, es capaz de traicionar los principios democráticos en pos de acuerdos espurios.
La aprobación fue un hecho, pero la herida política y la deuda generada seguirán abiertas. La pelota está ahora en el tejado de la Intendencia, que deberá demostrar que esta herramienta de alto costo político no se usará para el clientelismo ni para tapar agujeros financieros heredados.
Ante la escandalosa aprobación del Fideicomiso Salto por 22 votos, y la evidencia de que la oposición se ha fragmentado para facilitar el endeudamiento, ¿quién asumirá ahora el rol de contralor riguroso de las finanzas departamentales para asegurar que el dinero no se desvíe en el futuro?