El escenario político y de seguridad en la nación centroamericana mantiene un rumbo firme y sin señales de retorno hacia la legislación ordinaria. El régimen de excepción El Salvador continuará vigente y será prorrogado de manera indefinida mientras las condiciones de seguridad así lo exijan. Así lo sentenció Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, quien descartó la implementación de un sistema legal alternativo en el corto plazo.
Durante una reciente intervención en el programa Frente a Frente, Castro subrayó que la prioridad absoluta del Estado es preservar la tranquilidad alcanzada por la población, blindando las políticas públicas ante cualquier tipo de cuestionamiento o presión proveniente de organismos internos o internacionales. Según el legislador, cada una de las 50 extensiones aprobadas por el Congreso cuenta con un respaldo social mayoritario que valida el uso de estas herramientas extraordinarias.
Logros estadísticos y el impacto en la criminalidad
El sustento de la continuidad del estado de excepción reside, según el discurso oficial, en las métricas de violencia. Bajo la administración de Nayib Bukele, el país ha sumado más de 1,200 días con tasa cero de asesinatos, una cifra que Castro atribuye a la operatividad coordinada entre la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República.
En lo que respecta al curso del año 2026, las autoridades ya contabilizan más de un centenar de jornadas sin muertes violentas. Para el oficialismo, estas cifras representan un quiebre definitivo con el pasado delictivo que marcaba al país. Castro ejemplificó el nivel de peligrosidad de las estructuras desarticuladas mencionando procesos contra cabecillas como “El Sierra”, vinculado a más de un centenar de asesinatos solo en la zona de Santa Tecla, y otros líderes criminales con historiales delictivos similares.
Relatos de violencia y respuesta judicial
El funcionario hizo énfasis en el impacto humano de la violencia previa a marzo de 2022, citando testimonios de familias que sufrieron desapariciones y crímenes atroces bajo el control territorial de las pandillas. Mencionó casos desgarradores de madres que perdieron a sus hijos tras ser extraídos de sus hogares por grupos armados, situaciones que, según Castro, definían la impotencia de la ciudadanía frente a un sistema que no garantizaba justicia.
Respecto a las crecientes denuncias sobre la detención de ciudadanos inocentes en el marco del régimen de excepción El Salvador, el presidente legislativo mantuvo una postura pragmática. Sostuvo que el análisis de cada expediente corresponde exclusivamente al sistema judicial salvadoreño. «Dejemos que el sistema trabaje», afirmó, señalando que las instituciones cuentan con los procedimientos legales para resolver cada caso conforme a derecho.
Soberanía frente a la crítica internacional
Finalmente, Castro abordó las observaciones realizadas por diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y actores de la comunidad internacional que han cuestionado la prolongación de las medidas de excepción. El líder legislativo fue tajante al señalar que las decisiones estratégicas de seguridad nacional seguirán siendo tomadas exclusivamente por los representantes electos por el pueblo salvadoreño.
El objetivo central del Gobierno y la Asamblea sigue siendo la reducción sostenida de los delitos de alto impacto y el fortalecimiento de la percepción de seguridad. Mientras los indicadores oficiales sigan mostrando resultados favorables, el régimen de excepción permanecerá como la columna vertebral de la seguridad nacional, sin importar cuántas prórrogas adicionales sean requeridas.