La Jutep vuelve al centro del debate por fallo sobre Álvaro Danza
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se enfrenta nuevamente a una tormenta política tras definir que no existe incompatibilidad entre los cargos del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y su trabajo como médico y docente en tres mutualistas privadas. La resolución, votada por los representantes del oficialismo, fue considerada insuficiente y “políticamente sesgada” por la oposición, que exige explicaciones sobre el proceso y sus fundamentos.
El fallo, adoptado con los votos de la presidenta Ana Ferraris y del vicepresidente Alfredo Asti, contrasta con la opinión del asesor jurídico de la propia institución, que había sugerido la existencia de incompatibilidad funcional.
Críticas desde la oposición y reclamo por independencia institucional
Desde filas opositoras, la resolución de la Jutep fue interpretada como una señal de debilitamiento del control ético estatal. Legisladores del Frente Amplio cuestionaron que el organismo haya desestimado su propio informe técnico, señalando que “la independencia de la Junta se encuentra comprometida”.
El diputado Gustavo Olmos afirmó que “la Jutep parece actuar según conveniencia política y no en función del principio de transparencia”. Además, la oposición anunció una interpelación al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, para exigir explicaciones sobre el funcionamiento del organismo.
Mientras tanto, el Frente Amplio solicitó una reunión urgente con el precandidato Yamandú Orsi para analizar el impacto institucional del caso, al que califican de “quiebre ético”.
Una historia que se repite: la filtración del caso Carrera
Esta no es la primera vez que la Jutep queda envuelta en un escándalo de transparencia. En 2024, el organismo enfrentó cuestionamientos luego de que se filtrara información confidencial vinculada al exsenador frenteamplista Charles Carrera, en el marco de una denuncia sobre el uso irregular del Hospital Policial.
Una investigación administrativa del Ministerio de Educación y Cultura concluyó que “existió intencionalidad en la filtración”, aunque no se identificaron responsables directos. La entonces presidenta del organismo, Gabriela Di Longo, apuntó a Ana Ferraris como posible origen de la fuga de información, aunque sin pruebas concretas.
La investigación determinó que la filtración implicó una vulneración del deber de reserva y un perjuicio institucional “no reparable”. Aun así, el caso terminó sin sanciones ni consecuencias administrativas para los implicados.
Ferraris se defiende y niega toda responsabilidad
Consultada por El País, la actual presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, negó haber tenido participación alguna en filtraciones o irregularidades. “La investigación no determinó que yo fuera responsable de ninguna falta”, afirmó.
La jerarca insistió en que la instrucción administrativa “no atribuyó responsabilidades individuales” y que “ningún funcionario fue sancionado”.
Ferraris sostuvo que las críticas responden a intereses partidarios y subrayó que “la Jutep debe juzgar con independencia, sin someterse a presiones políticas o mediáticas”.
Pese a su defensa, dentro del propio oficialismo algunos dirigentes reconocen que el caso “erosiona la credibilidad de un órgano clave para la ética pública”.
Ferraris sostuvo que la investigación no comprobó irregularidades en su accionar dentro de la Jutep. Foto: Leonardo Mainé
Transparencia bajo sospecha: el desafío de la Jutep
La seguidilla de controversias, tanto por el fallo sobre Álvaro Danza como por el antecedente de Carrera, reinstala un debate de fondo: ¿hasta qué punto la Jutep conserva la confianza ciudadana como organismo de control ético?
Expertos en derecho administrativo consultados por El Observador señalan que “el mayor riesgo no es jurídico, sino simbólico”.
Según explicaron, “la percepción de parcialidad o de filtración de información interna afecta directamente la legitimidad de la institución encargada de garantizar la integridad pública”.
Un final abierto y una pregunta incómoda
Por ahora, la Jutep no ha emitido nuevas declaraciones tras la polémica. El caso sigue en el centro de la agenda política, y la oposición evalúa promover cambios normativos para fortalecer los mecanismos de independencia del organismo.
La pregunta que queda flotando es inevitable: si la Jutep pierde credibilidad ante la opinión pública, ¿quién quedará para custodiar la ética en la función estatal uruguaya?