Responsabilidad política de Andrés Lima es el punto que el Frente Amplio decidió no mirar de frente tras la aprobación del fideicomiso impulsado por el intendente Carlos Albisu en la Junta Departamental de Salto. La expulsión de cuatro ediles frenteamplistas por haber votado el proyecto cerró el capítulo formal, pero dejó abierto un conflicto político mucho más profundo: la omisión deliberada de la conducción que habilitó ese voto.
Los ediles sancionados no eran figuras marginales ni dirigentes sin anclaje. Pertenecían al mismo espacio político que lideró Andrés Lima durante sus años como intendente de Salto, un sector con peso real dentro del Frente Amplio departamental. Entre ellos, incluso, se encontraba su esposa. Ese dato, lejos de ser menor, refuerza la idea de una decisión tomada en clave política y no como un arrebato individual en el recinto.
El Frente Amplio resolvió el tema apelando a la disciplina orgánica: los ediles violaron una resolución expresa del Plenario Departamental y, por lo tanto, debían ser expulsados. Desde el punto de vista reglamentario, el procedimiento es correcto. El problema no está en la sanción, sino en su alcance selectivo. Se castigó el acto visible —el voto—, pero se evitó analizar la responsabilidad de quienes conducen políticamente a esos dirigentes.
Según fuentes políticas del propio Frente Amplio en Salto, el respaldo al fideicomiso no fue una decisión espontánea. La votación habría sido conversada y habilitada dentro del sector que responde a Andrés Lima. No hubo órdenes escritas ni instrucciones públicas, como nunca las hay en este tipo de definiciones. En la política real, las decisiones se bajan por carriles informales: reuniones, mensajes, silencios estratégicos y, sobre todo, la certeza de que no habrá sanción desde arriba.
Nadie en la Junta Departamental vota un fideicomiso millonario, comprometiendo las finanzas del departamento a largo plazo, sin sentir que tiene respaldo político. Menos aún cuando sabe que existe una resolución partidaria en contra. Pensar lo contrario es desconocer cómo funciona la política en el interior, donde las lealtades sectoriales pesan tanto o más que los comunicados oficiales.
La pregunta que atraviesa a buena parte de la militancia frenteamplista en Salto es directa: ¿por qué Andrés Lima no fue expulsado también y llevado al Tribunal de Ética del FA? La respuesta no está en los principios ni en la ética, sino en la correlación de fuerzas. Lima no votó, no firmó y no dejó declaraciones públicas que contradijeran la línea orgánica. Esa ausencia de huellas formales lo protege desde el punto de vista estatutario, aunque no lo exonera de responsabilidad política.
Hay otro factor clave: su rol actual. Andrés Lima es hoy presidente de MEVIR, un cargo de relevancia nacional otorgado por el Frente Amplio. Someterlo a un proceso ético, y eventualmente expulsarlo del partido, implicaría admitir que una figura con responsabilidad institucional habilitó una maniobra que contradijo la posición oficial del FA en Salto. Eso abriría un conflicto político de escala nacional que el partido claramente decidió evitar.
La solución elegida fue otra: cortar por lo más fino. Expulsar ediles departamentales permite mostrar autoridad, enviar un mensaje disciplinador y cerrar el tema rápidamente. El costo político es local y controlable. En cambio, tocar a la conducción implicaría revisar decisiones, asumir errores y exponer contradicciones internas que el FA no quiso poner sobre la mesa.
El resultado es un mensaje que cayó muy mal en Salto: la disciplina partidaria rige para los de abajo, pero no alcanza a quienes concentran poder. Los ediles expulsados cargan hoy con toda la responsabilidad pública, mientras que quien lideraba el espacio político del que formaban parte quedó completamente al margen del proceso.
Este episodio no solo fracturó al Frente Amplio salteño, sino que dejó al descubierto una práctica conocida pero pocas veces tan evidente: la doble vara. Se sanciona la desobediencia visible, pero se protege a la conducción que permitió que esa desobediencia ocurriera. Se castiga a quienes ejecutan, pero no a quienes habilitan.
El fideicomiso de Salto no fue solo una votación polémica. Fue un espejo incómodo para el Frente Amplio. Mostró que, cuando el poder está en juego, la ética partidaria puede volverse selectiva. Y dejó una certeza difícil de ignorar: sin un análisis serio de la responsabilidad política de Andrés Lima, el relato disciplinario queda incompleto y la herida interna sigue abierta.
En Salto, la bronca no pasa por la existencia de sanciones, sino por su direccionamiento. No se cuestiona que haya consecuencias. Se cuestiona que no sean para todos.