Por primera vez en la historia del mercado automotor uruguayo, las estadísticas arrojaron un dato que hace apenas unos años parecía impensado: los vehículos eléctricos superaron en ventas a los modelos nafteros. Lo que comenzó como un nicho para el usuario de alta gama, hoy se ha consolidado como la opción preferida por el comprador promedio, impulsado por una política de incentivos que, ahora, empieza a generar fricciones dentro del propio Poder Ejecutivo.
La cifra es un hito, pero también una señal de alarma para las arcas del Estado. Mientras desde el Ministerio de Industria se celebra la «electrificación» del parque automotor como un logro de la política de sostenibilidad, desde el Ministerio de Economía las miradas son más cautas. La pregunta que flota en el aire es simple: ¿hasta cuándo el Estado puede permitirse dejar de recaudar a través de las exoneraciones que hicieron posible este fenómeno?
La discrepancia sobre las exoneraciones fiscales divide a los ministros del gabinete.
El debate en el gabinete: ¿incentivo o costo innecesario?
La discrepancia entre ministros no tardó en quedar expuesta. Por un lado, la visión de que el éxito del mercado eléctrico demuestra que la transición ya no necesita el «empujón» fiscal. Si los eléctricos ya ganan por sí mismos en las preferencias de los uruguayos, ¿por qué seguir renunciando a una recaudación que el país necesita?
Por otro lado, existe la preocupación de que una retirada abrupta de los beneficios fiscales frene el proceso en seco. El parque automotor uruguayo sigue siendo, en buena medida, antiguo y contaminante. Desactivar las exoneraciones podría ser el mensaje equivocado en un momento donde la movilidad eléctrica busca su madurez definitiva.
El impacto en el bolsillo del consumidor
Para el ciudadano que hoy elige un vehículo eléctrico, el factor determinante no es solo la conciencia ecológica, sino el ahorro en el costo operativo. Sin embargo, si el gobierno decide ajustar la carga impositiva, ese equilibrio podría romperse. Un encarecimiento de los eléctricos, sumado a los precios actuales, podría alejar a la clase media de una tecnología que recién ahora empezaba a ser accesible.
El punto de discordia también pasa por el subsidio cruzado: muchos sostienen que el Estado está financiando el cambio tecnológico de quienes tienen mayor capacidad de compra, mientras que los sectores de menores ingresos siguen dependiendo de vehículos usados, antiguos y, a menudo, ineficientes.
¿Se viene un ajuste en las reglas de juego?
Es altamente probable que el gobierno anuncie, en los próximos meses, una revisión de los incentivos. El «éxito» de las ventas ha forzado una mesa de negociación donde nadie quiere ceder terreno. Los importadores, por su parte, observan con atención: cualquier cambio en la estructura impositiva requiere un tiempo prudencial de adaptación para no generar un desplome en la confianza del mercado.
Uruguay ha logrado, en tiempo récord, una de las tasas de penetración de vehículos eléctricos más altas de la región. Ese capital político y ambiental está ahora sobre la mesa. La decisión que tome el Ejecutivo determinará si este hito fue solo un espejismo financiado por el Estado o si el país está efectivamente listo para liderar la movilidad eléctrica en el Cono Sur sin necesidad de muletas fiscales.