Femicidio Strzyzowski: Marcela Acuña perderá tratos especiales en la cárcel
A casi un mes de que fuera condenada por su rol como partícipe necesaria en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la Justicia argentina puso un freno a los privilegios carcelarios: Marcela Acuña perderá tratos especiales en prisión. La jueza de la Cámara del Crimen N° 2 de Chaco, Dolly Fernández, ordenó este sábado que la dirigente política debe comenzar a cumplir con un régimen de detención común. Esta medida implica que la ex candidata a intendente de Resistencia será considerada igual al resto de las reclusas que ya fueron condenadas.
Previo a esta decisión, Acuña había gozado del beneficio de ser trasladada a un pabellón especial, donde tenía acceso a ciertas actividades y condiciones que no estaban disponibles para la mayoría de las reclusas. La orden judicial pone fin a una situación de excepción que había generado un intenso debate público y mediático en Argentina.
El 1 de junio de 2023 se denunció la desaparición de Cecilia
Sin privilegios: la jueza fue clara con la dirigente condenada
La magistrada Dolly Fernández justificó su decisión con argumentos claros y contundentes. Si bien la jueza pidió al personal del Servicio Penitenciario que garantice el cuidado de la detenida, asegurando «condiciones de seguridad, trato digno y resguardo físico, psíquico y emocional», también estableció un límite. Fernández explicó que el habeas corpus correctivo busca asegurar condiciones humanas de detención, pero «no brindar privilegios» a los condenados.
Esta postura firme de la jueza se da en un momento de alta sensibilidad social por el caso Strzyzowski y marca una diferencia en el trato que se otorga a personas con poder o visibilidad pública. La decisión de que Marcela Acuña perderá tratos especiales es un mensaje de equidad dentro del sistema penitenciario, estableciendo que la condena debe aplicarse sin excepciones.
El destino del clan Sena en la cuerda floja
La jueza Fernández sigue a cargo de valorar y definir la cantidad de años que cada uno de los seis condenados deberá pasar tras las rejas, luego de que el jurado popular dictara el veredicto de culpabilidad. César Sena, el hijo de Acuña y Emerenciano, fue considerado el autor material del femicidio. Tras probarse que la asesinó en la casa de sus padres, la Fiscalía y la querella solicitaron la máxima pena: la prisión perpetua.
En cuanto al rol de Acuña y su esposo, Emerenciano Sena, la jueza definió que ambos fueron partícipes necesarios para la comisión del delito. En el caso de los colaboradores Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, hallados responsables de encubrimiento, las penas solicitadas son menores.
El autor material solicitó no ser trasladado, mientras su madre, Marcela Acuña perderá tratos especiales.
La demora de la sentencia por la feria judicial
Aunque la última audiencia de cesura concluyó a fines de noviembre, la jueza cuenta con un plazo de quince días hábiles para dictar sentencia. No obstante, la cercanía de la feria judicial argentina, que se extiende desde el 24 de diciembre hasta el 31 de enero, podría demorar la resolución hasta el año próximo.
Fuentes judiciales señalaron que la notificación de la fecha de lectura se hará a través del sistema informático, y la decisión sobre una eventual suspensión de plazos depende del Superior Tribunal de Justicia. La jueza manifestó su deseo de dictar sentencia este mismo año, pero reconoció que la suspensión de términos podría postergar la decisión para 2026. Esta situación mantiene en ascuas a las partes y a la sociedad que espera un cierre definitivo para este dramático caso.
Los pedidos finales de los condenados
En la audiencia de cesura, los integrantes del Clan Sena, pese a que ya se sabe que Marcela Acuña perderá tratos especiales, coincidieron en solicitar no ser trasladados fuera de Resistencia. César Sena argumentó tener a toda su familia radicada allí. Emerenciano Sena, por su parte, insistió en que un traslado a otra unidad penitenciaria sería equivalente a una «pena de muerte» debido a sus condiciones de salud, y mantuvo su discurso de ser un «inocente condenado.
Marcela Acuña, sin los privilegios que ahora pierde, realizó un descargo donde defendió a su marido, argumentando que la condena se dio sin «pruebas contundentes» y por un «jurado no técnico». Su alocución, aunque emotiva, apuntó a deslegitimar las pruebas que incriminaron a su esposo.
Ahora que Marcela Acuña perderá tratos especiales y pasará a régimen común, equiparando su situación a la de cualquier otra reclusa condenada, ¿el sistema penal argentino logra dar un paso hacia la equidad, o la tardanza en definir la sentencia final sigue siendo un debe de la justicia en casos de alto impacto?