El presidente Yamandú Orsi quedó expuesto. Lo que intentaron disfrazar como una simple operación comercial privada se desmoronó bajo el peso de la realidad cuando, en su canal de YouTube, el periodista Gonzalo Sualina sacó a la luz una trama de favores y retribuciones que huele a corrupción. No estamos hablando de un error administrativo ni de una torpeza técnica; estamos ante la revelación de un modus operandi donde el poder se compra con descuentos millonarios y se paga con dinero de todos los uruguayos.
El descuento de 25.000 dólares —un 32% del valor total— que Orsi obtuvo al comprar su camioneta apenas ocho días antes de asumir el mando, no es una «gentileza» de mercado. Es un pago adelantado por favores futuros. La defensa ensayada por el prosecretario Jorge Díaz es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos: refugiarse en que Orsi «todavía no era funcionario público» es la confesión de alguien que sabe que en lo ético no tiene dónde esconderse. Al momento de la compra, Orsi ya era presidente electo, una figura con poder absoluto sobre las decisiones del Estado.
ASSE y la firma vendedora: el círculo que se cierra
La investigación expuso el eslabón que transforma esta «viveza» en un posible caso de corrupción: la misma empresa —Oliva Automotores, concesionaria de Fidocar S.A.— que le regaló 25.000 dólares al futuro presidente, terminó siendo beneficiada apenas un año después con una compra directa de minibuses por parte de ASSE.
Utilizando las excepciones que permite el TOCAF, el Estado uruguayo adjudicó vehículos a la firma que había sido tan «generosa» con el entonces presidente electo. ¿Es esto casualidad? Para los defensores del relato oficial, todo es coincidencia. Para cualquier ciudadano con dos dedos de frente, es la confirmación de un esquema donde el Estado se convierte en el cliente cautivo de quienes financian la vida privada de sus gobernantes.
La estafa al discurso de la transparencia
Orsi llegó al gobierno prometiendo un «estado al servicio de la gente» y «política limpia». La realidad es exactamente lo contrario: un estado al servicio de quienes financian el ascenso al poder de sus dirigentes. Es la vieja política de siempre, disfrazada de modernidad, donde los descuentos de alta gama y las adjudicaciones directas son las dos caras de la misma moneda.
La Justicia tiene ahora tres denuncias anónimas sobre su escritorio. Mientras tanto, el gobierno sigue buscando excusas técnicas para justificar lo injustificable. Si el caso termina en la nada, el mensaje para el sector empresarial es peligroso y cínico: «Invertí en el presidente antes de que asuma, que el retorno está garantizado». Hoy los uruguayos saben cómo se cocina la ética en este gobierno: entre concesionarias de lujo y compras directas a dedo. Todo cierra, todo encaja y todo es una vergüenza nacional.