Narcotráfico en Uruguay: alerta máxima por la infiltración del crimen organizado
El narcotráfico en Uruguay dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza directa a las instituciones del Estado. Las recientes declaraciones de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el Parlamento, revelan un panorama alarmante: fiscales bajo vigilancia, barrios controlados por bandas y un sistema judicial en riesgo de penetración criminal.
Ferrero relató con crudeza cómo fue víctima de un atentado planificado. Durante 20 días, un grupo narco la siguió, estudió sus movimientos y finalmente atacó su casa con disparos y una granada. “No me mataron por 15 centímetros”, declaró ante los legisladores, dejando en evidencia el nivel de exposición que enfrentan quienes combaten el crimen organizado.
La Policía uruguaya halló dos toneladas de cocaína enterradas en una chacra de Montevideo, listas para ser enviadas por mar hacia el exterior. (Ministerio del Interior)
Un Estado en jaque ante el avance narco
El ataque a la máxima autoridad del Ministerio Público uruguayo marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el narcotráfico en Uruguay se animó a desafiar abiertamente al poder judicial. Ferrero lo calificó como un “mensaje terrorífico” no solo hacia ella, sino hacia todo el Estado.
“Hoy el crimen organizado se ha instalado en los diferentes barrios. La lucha por el territorio está completamente desatada”, advirtió. Según la fiscal, los grupos delictivos dominan y conocen a sus investigadores, lo que los coloca en una posición de ventaja frente al aparato estatal.
Barrios tomados por bandas y miedo institucional
Zonas de Montevideo como Cerro Norte y Villa Española se han convertido en focos rojos. Los enfrentamientos entre bandas dejan muertos casi cada semana, y los vecinos viven bajo la ley del silencio. En palabras de Ferrero, “todos podemos ser un daño colateral del narcotráfico”.
El miedo ya no se limita a la ciudadanía. Fiscales y policías reconocen que trabajan bajo amenaza permanente. “Nos siguen, saben dónde vivimos, conocen a nuestras familias”, admitió una fuente judicial consultada.
La falta de recursos, sumada al poder económico de las organizaciones criminales, ha permitido que el narcotráfico en Uruguay gane influencia, incluso dentro de las estructuras del Estado.
Fiscales bajo presión y una Justicia vulnerable
La fiscal Ferrero alertó en el Parlamento sobre la creciente dificultad para encontrar funcionarios dispuestos a enfrentar a los grupos criminales. “Cada vez menos personas querrán combatir al crimen organizado”, advirtió.
La situación recuerda a los casos de Ecuador o Brasil, donde fiscales fueron asesinados por enfrentarse a los cárteles. Uruguay, históricamente ajeno a ese nivel de violencia, enfrenta hoy una transformación que preocupa a toda la región.
Ferrero también reveló que existen intentos de soborno y coacción hacia fiscales. “Mirá que estoy viendo a tu hijo”, sería uno de los mensajes utilizados por las bandas para infundir miedo y lograr impunidad.
Mónica Ferrero, fiscal de Corte de Uruguay, denunció amenazas y un ataque a su vivienda como parte del avance del narcotráfico en el país.
Infiltración en la Justicia: el riesgo interno
Uno de los pasajes más contundentes de la exposición de Ferrero fue su referencia a la corrupción interna. “Las organizaciones han penetrado el Poder Judicial y otros ámbitos del Estado. Tengan cuidado”, advirtió.
El reconocimiento público de esa infiltración demuestra que el narcotráfico en Uruguay ha superado la etapa de acumulación y ahora busca control institucional. Según fuentes del Ministerio del Interior, varios funcionarios fueron separados tras detectarse vínculos con narcotraficantes locales.
Operaciones recientes y poder económico
Los allanamientos en barrios de Montevideo revelaron el tamaño del negocio. En una chacra se hallaron dos toneladas de cocaína listas para ser enviadas en lancha hacia altamar. La ruta, según los investigadores, conectaba con redes internacionales que operan entre Paraguay, Brasil y Europa.
Estos decomisos millonarios confirman que el país dejó de ser solo un punto de tránsito y comenzó a funcionar como plataforma logística. El crecimiento del narcotráfico ha impactado incluso en sectores inmobiliarios y comerciales, donde se sospecha del lavado de activos.
Una fiscal que no se rinde
Pese al atentado, Mónica Ferrero sigue al frente de su cargo. Asegura que no piensa renunciar y que continuará combatiendo el crimen organizado. “Convengamos una cosa: por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual”, dijo ante los legisladores.
Su testimonio, además de conmover, reavivó el debate sobre la seguridad de los operadores judiciales. En los últimos meses, varios fiscales solicitaron custodia permanente.
El mensaje del ataque fue claro: los narcos buscan intimidar, cooptar y sembrar miedo en todos los niveles del poder.
El ataque con granada contra la casa de la fiscal Mónica Ferrero fue ejecutado por un grupo criminal que la vigiló durante 20 días. (Captura Telenoche/Canal 4)
Una amenaza a la democracia uruguaya
El avance del narcotráfico en Uruguay no es solo un problema policial. Es un desafío a la institucionalidad y al Estado de derecho. Las bandas no solo trafican drogas: compran voluntades, corrompen estructuras y disputan control territorial.
Analistas advierten que, de no frenarse a tiempo, el país podría seguir el camino de otros Estados capturados por el crimen. El reto, dicen, será fortalecer la independencia judicial y blindar a los fiscales.
Un llamado urgente a la acción
Ferrero cerró su intervención con una advertencia: “Hoy el crimen manda un aviso: ‘¿Vieron que pudimos con esta mujer? Uruguay, una papita’”.
Su frase resonó en la Cámara de Diputados como una alerta final. Las instituciones uruguayas enfrentan su mayor prueba en décadas. Si el Estado no reacciona con firmeza, el narcotráfico en Uruguay podría consolidar su poder y convertir al país en un nuevo eslabón del crimen continental.