El sistema de salud uruguayo se encuentra en una encrucijada donde la innovación biotecnológica colisiona frontalmente con la viabilidad financiera del Estado. Alicia Ferreira, presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, ha puesto sobre la mesa una advertencia contundente: la política de incorporación de tratamientos no puede quedar supeditada a las estrategias comerciales de las multinacionales farmacéuticas ni a la presión creciente de los recursos judiciales.
En una etapa de avances científicos sin precedentes, donde nuevas moléculas permiten transformar enfermedades antes terminales en afecciones crónicas, Uruguay enfrenta el desafío de decidir qué puede pagar y qué no. Según Ferreira, el organismo se resiste a que los laboratorios, a través de la vía de los amparos, sean quienes definan las prioridades de la canasta sanitaria nacional, desplazando recursos que podrían ser más efectivos en patologías de alta prevalencia.
La paradoja del progreso y los precios «escandalosos»
El avance de la medicina ha logrado hitos significativos, especialmente en oncología. Tratamientos que antes solo ofrecían meses de vida ahora permiten supervivencias de varios años. Sin embargo, este progreso viene acompañado de una estructura de costos que Ferreira califica de inviable para economías de escala como la uruguaya. Aunque se han intentado acuerdos de «riesgo compartido» y negociaciones directas con el Ministerio de Economía, los valores finales siguen siendo desproporcionados.
El dilema radica en que, mientras algunos fármacos cuentan con evidencia científica robusta, otros son indicados por los profesionales médicos bajo una lógica de «ensayo», esperando resultados que no siempre están garantizados por estudios previos. A pesar de esta falta de certeza, el Poder Judicial suele fallar a favor de los pacientes, obligando al Estado a adquirir medicamentos a precios que el FNR describe como abusivos, sin que los proveedores tengan obligación alguna de moderar sus márgenes ante la urgencia de una sentencia.
Judicialización y la brecha de acceso
Un aspecto crítico señalado por la jerarca es el perfil socioeconómico de quienes recurren a la Justicia. Existe una tendencia creciente donde personas con alto poder adquisitivo utilizan los recursos de amparo para acceder a terapias que, en teoría, podrían financiar parcial o totalmente. Esto genera una tensión con el espíritu de la Constitución, que establece la asistencia estatal prioritariamente para los sectores indigentes o carentes de recursos.
La paradoja es que la estrategia de incorporar los fármacos más judicializados para intentar bajar el gasto no ha dado los frutos esperados. Por el contrario, cada nueva incorporación parece abrir la puerta a nuevas demandas por moléculas aún más costosas. Ante esto, el Fondo Nacional de Recursos está implementando un sistema de «marco de valor» o planilla multicriterio. Este mecanismo busca priorizar enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el asma, donde una inversión menor puede beneficiar a una masa de población mucho mayor.
Hacia una nueva ética de la salud colectiva
La administración actual busca retomar el control de la agenda sanitaria. La premisa es clara: las necesidades de salud de la población general deben estar por encima de la «marcada de cancha» que intentan imponer los laboratorios. Ferreira reconoce que no existe una solución mágica para frenar la judicialización, pero insiste en la necesidad de un diálogo nacional que involucre a todos los actores, incluyendo a los jueces, para comprender las implicancias de cada fallo en el presupuesto común.
El FNR ha asumido la logística de las compras derivadas de los amparos para intentar mitigar el daño económico mediante su capacidad de negociación, pero el flujo de demandas no cesa. La sostenibilidad del sistema universal de salud en Uruguay depende, en última instancia, de encontrar un equilibrio entre el derecho individual a la vida y el derecho colectivo a un sistema sanitario equitativo, eficiente y soberano que no sea rehén de los precios del mercado internacional.