Nuevas derivaciones judiciales por el escándalo del pasaporte a Marset
La designación de Carolina Ache como embajadora en Portugal no solo generó ruido político en la interna de la coalición, sino que terminó por detonar una nueva batalla en los juzgados. La exvicecanciller decidió pasar a la ofensiva y denunció penalmente por difamación e injurias al excanciller Francisco Bustillo y a los senadores nacionalistas Sebastián da Silva y Sergio Botana. El eje de la controversia sigue siendo el escándalo del pasaporte a Marset, aquel episodio que en 2022 forzó su renuncia y que hoy vuelve a la agenda pública tras las críticas de la oposición a su nuevo cargo diplomático.
Ache, quien ocupó la cúpula del Palacio Santos entre marzo de 2020 y diciembre de 2022, se sintió agraviada por declaraciones que cuestionan tanto su ética profesional como su integridad personal. Según confirmaron fuentes cercanas a la situación, la jerarca entiende que las acusaciones sobre una presunta «devolución de favores» por parte del gobierno de Yamandú Orsi lesionan su honor. La denuncia se sustenta en que estos señalamientos intentan ligarla nuevamente a las irregularidades del escándalo del pasaporte a Marset, a pesar de que la justicia archivó la causa principal a cargo del fiscal Alejandro Machado.
Las frases de Bustillo que reavivaron el escándalo del pasaporte a Marset
Uno de los puntos más álgidos de la denuncia radica en las expresiones de Francisco Bustillo durante una entrevista radial con Orlando Petinatti. Allí, el excanciller sugirió que el nombramiento de Ache en Portugal era el pago de un «favor» por haber revelado audios y chats que comprometieron a la administración anterior. Bustillo fue más allá y responsabilizó directamente a Ache por la gestión que derivó en el escándalo , tildándola de ser parte de un «entramado» cuyo objetivo final era desgastar la figura del entonces presidente Luis Lacalle Pou.
Para la defensa de Ache, estas palabras constituyen un delito de difamación regulado por el artículo 334 del Código Penal. El texto legal prevé penas de prisión o multas considerables para quien ofenda la rectitud o el decoro de una persona de forma pública. La exvicecanciller también prevé ampliar su denuncia por otros dichos en prensa escrita donde se la vincula de forma directa con la responsabilidad administrativa del pasaporte a Marset, algo que ella siempre negó, alegando que fue el Ministerio del Interior quien calificó al narco como un «delincuente pesado» sin alertar a tiempo a la Cancillería.
Francisco Bustillo fue denunciado por difamación en el marco del escándalo del pasaporte a Marset.
La reacción parlamentaria ante el escándalo del pasaporte a Marset
Por su parte, los senadores Sebastián da Silva y Sergio Botana también quedaron bajo la lupa judicial. Da Silva basó sus críticas en un «elemento fáctico» relacionado con el cambio de colegio de los hijos de Ache, sugiriendo que ella ya sabía de su designación meses antes de que se hiciera pública. Esta interpretación fue vista por la embajadora como una intromisión en su vida privada con el fin de alimentar sospechas sobre su salida del anterior gobierno. La denuncia cita estas declaraciones realizadas en medios televisivos como parte de una campaña de desprestigio sostenida.
Botana, en tanto, fue denunciado por afirmar en rueda de prensa que Ache fue quien «empezó todo este proceso» de entrega del documento al narcotraficante. El senador nacionalista cuestionó la confiabilidad de una funcionaria capaz de grabar a sus propios jerarcas y compañeros en reuniones privadas en Torre Ejecutiva. Estos cuestionamientos sobre su idoneidad para representar al país en el exterior reflotan los momentos más tensos de las interpelaciones parlamentarias por el escándalo del pasaporte a Marset, donde la interna del oficialismo terminó de fracturarse irremediablemente.
La Fiscalía mantiene causas abiertas por el escándalo del pasaporte a Marset.
El trasfondo político y jurídico del escándalo del pasaporte a Marset
Es importante recordar que la caída de la cúpula ministerial en 2023 fue motivada por las revelaciones de Ache ante la Fiscalía. Sus grabaciones de Bustillo —donde se le sugería «perder el celular»— y la supuesta destrucción de actas notariales en Presidencia fueron los detonantes de las renuncias de Luis Alberto Heber, Guillermo Maciel y Roberto Lafluf. Hoy, el escándalo del pasaporte a Marset sigue teniendo una causa abierta que, aunque no ha tenido avances recientes, mantiene a todo el espectro político pendiente de posibles citaciones. La designación de Ache por parte de Orsi fue leída por blancos y colorados como un movimiento opaco que vincula al prosecretario Jorge Díaz, exabogado de la diplomática.
Ache sostiene que ha sido víctima de una persecución política desde que decidió «contar la verdad» sobre lo ocurrido en aquellas reuniones en las que se intentó ocultar información a la Justicia. La defensa de su honor a través de estas denuncias penales marca un hito en el post-escándalo del pasaporte a Marset, demostrando que la exjerarca no está dispuesta a permitir que su carrera diplomática sea empañada por relatos de terceros. Mientras se prepara para asumir funciones en Lisboa, la justicia deberá determinar si los límites de la crítica política fueron cruzados, transformándose en delitos de injurias que merezcan sanción penal.
¿Podrá la Justicia uruguaya separar la legítima crítica política de la difamación personal en un caso tan sensible y polarizado como este?
