Avanza la investigación por las patrullas oceánicas del gobierno uruguayo
El presidente Yamandú Orsi anunció una investigación sobre las patrullas oceánicas del gobierno uruguayo, tras detectar indicios de fraude.
. El presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del acuerdo con el astillero español Cardama, tras advertir indicios de una posible estafa o fraude al Estado.
El mandatario brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y al prosecretario Jorge Díaz, en la Torre Ejecutiva, donde explicó los motivos que llevaron al Ejecutivo a ejecutar la garantía del contrato, equivalente al 5% del monto total.
Según Orsi, las investigaciones internas y los informes técnicos detectaron irregularidades graves que ponen en duda la validez de la garantía presentada por Cardama, encargada de construir dos buques para la Armada Nacional.
“Hay indicios de una empresa fantasma”
Durante la conferencia, Jorge Díaz detalló que la empresa Eurocommerce, responsable de la garantía del contrato, tenía actividad casi nula y podría ser una sociedad de papel. “Durante 2023 y 2024 solo tuvo un empleado, y sus cuentas bancarias no muestran movimiento alguno”, señaló.
Además, se constató que Cardama incumplió con los plazos de validación de la garantía en siete oportunidades. “Los 45 días iniciales se transformaron en 11 meses”, añadió Díaz, calificando la situación como “una burla al Estado uruguayo”.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó los detalles del presunto fraude en el contrato de las patrullas oceánicas del gobierno uruguayo durante una conferencia en Torre Ejecutiva. Foto: Estefanía Leal.
Críticas a la gestión anterior
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue tajante: “Las luces rojas se encendieron durante la administración anterior. Es un hecho muy grave, y hoy el Estado busca proteger los recursos de todos los uruguayos”.
Según Sánchez, el contrato se firmó sin los recaudos mínimos y con mecanismos de pago poco habituales. Los fondos fueron gestionados desde una cuenta del Banco República en euros, en lugar de a través del Ministerio de Defensa, algo que el gobierno actual considera irregular.
El monto total del acuerdo ascendía a 82,2 millones de euros, y el Estado ya había transferido aproximadamente US$ 30 millones antes de detectar las irregularidades.
Sanciones en la Armada y auditorías en curso
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, sancionó en abril a cuatro jerarcas militares vinculados con los pagos al astillero. El excomandante en jefe Jorge Wilson recibió la sanción más dura —30 días de arresto a rigor— por haber brindado información falsa sobre una de las transferencias.
Las autoridades confirmaron que hay investigaciones administrativas en curso y que la Fiscalía evalúa posibles responsabilidades penales. Dos funcionarios de la Armada Nacional fueron enviados a España para verificar los procedimientos y certificar la documentación emitida por el astillero.
El futuro del contrato
El gobierno de Orsi pretende ahora recuperar los fondos transferidos y evitar que el Estado uruguayo quede expuesto a nuevas pérdidas. “No vamos a permitir que se dilapiden los recursos del pueblo. Si hay fraude, lo vamos a probar en la Justicia”, aseguró el presidente.
De confirmarse las sospechas, la rescisión del contrato con Cardama podría convertirse en uno de los casos más resonantes de los últimos años en materia de contrataciones públicas.
Contexto internacional y repercusiones políticas
El caso de las patrullas oceánicas del gobierno uruguayo también despertó atención en el ámbito internacional, sobre todo en España, donde el astillero Cardama había enfrentado anteriormente dificultades financieras. Diversos medios europeos señalaron que la empresa ya arrastraba litigios comerciales y reclamos por incumplimientos contractuales. En Uruguay, el episodio generó tensiones políticas entre oficialismo y oposición, que se acusan mutuamente por la falta de controles en los procesos de compra. Mientras el Ejecutivo asegura que actuó “con transparencia y responsabilidad”, algunos legisladores reclaman la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. La polémica promete continuar en los próximos meses y podría marcar un precedente sobre cómo el Estado maneja sus contrataciones internacionales.