El suculento sueldo público que desprecia María Eugenia Taruselli y la indignación en Salto
El escándalo provocado por la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, María Eugenia Taruselli, no se limita al desinterés por su cargo. La frase clave que encendió la mecha de la indignación fue su desprecio por el suculento sueldo público que percibe, un monto que miles de uruguayos desearían tener para vivir con dignidad. La filtración del audio de WhatsApp ha puesto en la mira no solo la gestión del área social, sino la ética de quienes administran recursos estatales.
El registro en el que Taruselli confiesa que su cargo le «embola» es de una elocuencia brutal. Pero la parte que generó mayor bronca en los barrios de Salto es aquella donde dispara, con frivolidad, que a ella le «importa un puto huevo el sueldo que me pagan, porque yo no vivo de esto». Este ninguneo al suculento sueldo público de $194.090,87 pesos es una bofetada directa a los contribuyentes que, con esfuerzo, sostienen las arcas de la Intendencia.
La gestión de la Intendencia de Salto, liderada por Carlos Albisu, está en el ojo de la tormenta por el desprecio al suculento sueldo público de su directora.
Los 194 mil pesos: un suculento sueldo público de contraste
Para entender la magnitud del escándalo, hay que poner las cifras en contexto. El monto exacto que percibe María Eugenia Taruselli —cerca de 194.090 pesos— representa una renta anual que está muy lejos del ingreso promedio de los salteños. En un departamento que ha sufrido los golpes económicos de la diferencia cambiaria con Argentina y que padece problemas de desempleo, ese salario es sinónimo de estabilidad y progreso.
La frase de Taruselli («yo no vivo de esto») no es un detalle menor. La jerarca, al parecer proveniente de un contexto económico privilegiado o «cuna de oro» según la percepción popular, considera que ese suculento sueldo público es insignificante. Esto genera una brecha social y ética inmensa. Si el dinero público no es valioso para quien lo recibe, ¿qué valor puede tener la función que desempeña? La ciudadanía de Salto se pregunta: ¿cuántos uruguayos capacitados y con vocación de servicio harían fila para ocupar ese cargo y vivir dignamente de ese sueldo?
La confesión de que el puesto fue aceptado únicamente como un «casillero» para su sector político, en una supuesta «inmolación» partidaria, solo refuerza la idea de que los intereses personales y sectoriales se pusieron por encima de la sensibilidad que requiere la Dirección de Desarrollo Social. Un área, valga la pena recordar, encargada de asistir a los más vulnerables del departamento.
El desprecio al cargo: la grieta ética del suculento sueldo público
El suculento sueldo público tiene como contrapartida la expectativa de una vocación de servicio y un compromiso ineludible. Sin embargo, el audio de María Eugenia Taruselli expone la verdad opuesta. Ella admite: «Cuando me dieron la dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar porque no era lo que yo quería». Esta falta de compromiso resulta absolutamente impropia para la investidura del cargo, tal como lo calificó la diputada suplente Natalia Pigurina.
La oposición en la Junta Departamental y partidos como el PDC y el Partido Socialista han reaccionado en bloque exigiendo la renuncia. Señalan que la directora desvaloriza la responsabilidad del área, reduciendo la política social seria a un mero favor político. Esta actitud, de no darle importancia a un suculento sueldo público de casi 200.000 pesos, es percibida por la gente como un acto de frivolidad y falta de empatía.
El escándalo golpea directamente la administración del intendente Carlos Albisu, quien ahora está en el ojo de la tormenta y obligado a tomar medidas. Sostener a una jerarca que desprecia el dinero y la función que ejerce es un costo político que podría ser letal para la credibilidad de toda la gestión.
La comunidad salteña y el sistema político esperan una decisión rápida. La situación se ha convertido en un debate sobre la ética en la función pública y el valor real del dinero de los contribuyentes. Ante la confesión viral de la propia directora sobre su desinterés en la función y el desprecio por un suculento sueldo público que es un sueño para miles de uruguayos, ¿no tiene el intendente Albisu la obligación política y moral de destituirla de forma inmediata?