Investigación fiscal sobre Cardama: el BROU detalla su rol en los pagos por las OPV
Investigación fiscal sobre Cardama es hoy uno de los temas más sensibles dentro del gobierno uruguayo, luego de que la actual administración resolviera rescindir el contrato con el astillero español encargado de construir dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. La decisión se tomó tras detectar “fuertes indicios” de que el Estado pudo haber sido víctima de una estafa o fraude. En ese marco, el Banco República (BROU) quedó bajo la lupa por su intervención en los pagos vinculados al acuerdo.
Un proceso iniciado en el gobierno anterior que quedó bajo sospecha
El contrato con el astillero Cardama había sido impulsado durante la administración pasada y suponía una obra estratégica para la modernización de la Armada. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la revisión de distintas etapas del proceso, surgieron alertas sobre irregularidades en garantías y documentación, lo que derivó en un análisis profundo de todo el procedimiento.
El 22 de octubre, el Poder Ejecutivo anunció públicamente la rescisión del contrato y comunicó que solicitaría al BROU una investigación interna para revisar su participación, especialmente en relación con la carta de crédito que autorizó los pagos al astillero.
El informe del BROU: actuación ajustada a normas y controles
La semana pasada, los servicios técnicos del BROU entregaron su informe al directorio, documento que luego fue remitido por su presidente, Álvaro García, al mandatario Yamandú Orsi. Según fuentes del banco estatal, el análisis concluye que la institución actuó “conforme a las normas internas vigentes y a las prácticas bancarias internacionales aplicables”.
El banco aseguró que cumplió con todos los controles previstos y validó la documentación correspondiente en cada hito de la carta de crédito. De acuerdo con el informe, cada pago se realizó únicamente después de que los documentos exigidos fueran verificados de manera estricta, tal como establecen los protocolos de créditos documentarios.
La carta de crédito y los desembolsos realizados
Durante la transición de gobierno, en febrero de este año, el Ministerio de Defensa solicitó al BROU la apertura de una carta de crédito vinculada a los avances en la construcción de las OPV. Ese instrumento financiero contemplaba varios hitos a cumplir por el astillero Cardama para habilitar los pagos.
El BROU confirmó dos desembolsos importantes:
-
8.227.000 euros en abril
-
12.340.500 euros en junio
Ambos se realizaron luego de que el banco verificara que la documentación presentada por Cardama coincidía con lo pactado en el contrato. En esta operación, el Deutsche Bank de Madrid actuó como corresponsal internacional.
El informe del BROU detalla minuciosamente cada fecha de presentación de documentos, los intercambios realizados y la verificación de los hitos. Según la institución, no hubo apartamientos de los procedimientos habituales.
El último hito pendiente y el monto que podría pagarse
Antes del 15 de enero, el astillero debe documentar la recepción de los motores destinados a las patrullas oceánicas. Si ese hito se cumple y la documentación es válida, el BROU estaría obligado —por mandato del contrato y la carta de crédito— a realizar un último pago de 8.227.000 euros.
Ese sería el cierre del circuito financiero respaldado por este instrumento. No obstante, la decisión final dependerá de la evolución de la propia investigación fiscal y de las acciones que determine el Poder Ejecutivo.
Garantías bajo sospecha y el rol limitado del banco
El BROU aclaró que no tuvo participación alguna en la aceptación de las garantías presentadas por Cardama en noviembre del año pasado, una de las cuales está en el centro de las sospechas por posible falsificación o fraude. Esa etapa dependía exclusivamente del Ministerio de Defensa y del equipo técnico que evaluó la documentación.
Un caso que sigue escalando
La investigación fiscal sobre Cardama se ha convertido en un punto de tensión política, institucional y diplomática. A medida que avancen las pericias, se espera que se determine si hubo maniobras fraudulentas y si se ocasionó perjuicio económico al Estado uruguayo.
Por ahora, el BROU defendió su actuación, aseguró que cumplió con los estándares internacionales y dejó en manos de la Fiscalía y del gobierno el avance de un caso que podría redefinir la relación con proveedores internacionales en materia de defensa.