Gasoil marino es el insumo que hoy protagoniza una de las distorsiones económicas más evidentes del sistema de combustibles en Uruguay, tras el anuncio de un ajuste del 83 % realizado por ANCAP el pasado 1 de abril. La decisión administrativa elevó el precio de 715 dólares por metro cúbico a más de 1.300 dólares de forma inmediata, provocando un sismo en la industria pesquera. Según los datos reportados, el incremento se justificó por la volatilidad del petróleo en Medio Oriente y la falta de regulación en este segmento específico, a diferencia de los combustibles de uso doméstico que cuentan con topes mensuales.
La reacción del sector privado no se hizo esperar ante lo que consideraron un golpe de gracia a la competitividad. El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, fue tajante al señalar que bajo esas condiciones la operación resultaba «inviable». Como consecuencia directa, una quincena de embarcaciones no pudieron zarpar, poniendo en riesgo el inicio de la zafra de mayo. La parálisis forzada obligó al Poder Ejecutivo a rectificar el rumbo en menos de 24 horas, estableciendo un precio diferencial con un tope de ajuste del 7 % para los primeros 2.000 metros cúbicos destinados a la flota nacional.
El impacto del monopolio estatal en el precio del gasoil marino
Este episodio pone de relieve cómo la ausencia de competencia directa en la refinación e importación de energía genera señales de precio que no responden a la demanda real, sino a necesidades burocráticas. Cuando el gasoil marino dejó de estar protegido por los subsidios cruzados que el ente aplica a otros productos, el mercado sintió el impacto de la realidad regional sin anestesia. La corrección posterior, que implica que ANCAP absorba una pérdida de hasta 1,2 millones de dólares mensuales, se presenta como un alivio temporal, pero financiado con recursos públicos que pagan todos los contribuyentes uruguayos.
Desde una perspectiva técnica, el problema estructural radica en la discrecionalidad. Al no existir un mercado abierto, los actores del sector pesquero dependen de decisiones centralizadas que pueden cambiar de un día para otro. Esta incertidumbre afecta la planificación de una industria exportadora que compite globalmente y que ya enfrenta costos logísticos y laborales elevados. La distorsión no solo afecta el precio, sino también el suministro; en los días previos al ajuste, se reportaron dificultades de entrega que ya habían afectado la operatividad de los barcos, evidenciando un sistema que prioriza el control estatal sobre la eficiencia del servicio al productor.
Rigideces laborales y falta de competitividad
El escenario de los combustibles se cruza con una realidad laboral compleja. La industria pesquera mantiene conflictos históricos con los gremios marítimos, quienes denuncian condiciones precarias, mientras que las empresas sostienen que la presión sindical ha vuelto disfuncional el mercado de trabajo local. Esta combinación de altos costos energéticos y rigidez en la contratación de personal deja a la bandera nacional en una posición de vulnerabilidad frente a flotas extranjeras que operan con menores cargas impositivas y mayor flexibilidad operativa.
El costo de la intervención en la cadena productiva
La lección que deja este ajuste es que la intervención estatal, aunque busque «amortiguar» choques externos, suele generar incentivos perversos. La demanda extraordinaria de combustible en los días previos al 1 de abril sugiere que el mercado anticipó la medida, provocando un acopio especulativo que tensionó el inventario de ANCAP. Los subsidios aplicados para corregir el error inicial no resuelven la ineficiencia de fondo: Uruguay sigue pagando uno de los combustibles más caros de la región debido a una estructura monopólica que impide que la competencia presione los precios a la baja.
La dependencia del Tesoro nacional para financiar el desfasaje del precio del combustible pesquero es una solución de emergencia que no ataca la raíz del problema. Mientras el país no avance en la liberalización de la importación y refinación, permitiendo que el precio sea el resultado de la interacción entre múltiples oferentes, sectores estratégicos como la pesca continuarán sujetos a los vaivenes de una administración central que intenta equilibrar la caja del Estado con la supervivencia de la producción privada.