¿Justicia histórica o una nueva caja para la política?
Uruguay atraviesa un momento donde las prioridades parecen estar invertidas. Mientras el ciudadano de a pie pelea contra la inflación, la inseguridad y un sistema de salud que a veces no da abasto, vuelven a la carga los reclamos de un inmigrante afrodescendiente exigiendo indemnizaciones económicas por hechos ocurridos hace más de dos siglos. Para muchos, este pedido de reparación monetaria no es más que una desmesura que busca vivir del esfuerzo ajeno, utilizando un relato de victimismo que nada tiene que ver con la realidad del uruguayo que sale a laburar todos los días para ganarse el pan.
El argumento de que el Estado debe pagar por el tráfico transatlántico de hace 200 años resulta, para buena parte de la sociedad, un planteo fuera de tiempo y de lugar. Sin embargo, en un año donde la izquierda uruguaya parece dispuesta a todo con tal de consolidar su base electoral, estos reclamos por derechos de la comunidad afro encuentran un eco peligroso en los despachos oficiales. Se corre el riesgo de que el dinero de los contribuyentes termine financiando una «reparación» que nadie sabe dónde termina, premiando a quienes reclaman plata sin ofrecer trabajo ni soluciones a los problemas reales del presente.
El peligro de la demagogia electoral en Uruguay
No es novedad que ciertos sectores políticos utilizan las causas raciales o de minorías para captar votos rápidos. Lo preocupante es que estas peticiones de igualdad de la población afro escalen hasta convertirse en políticas de Estado que hipotequen el futuro fiscal del país. En lugar de fomentar la cultura del esfuerzo y la igualdad de oportunidades ante la ley, se fomenta un sistema de castas donde algunos grupos pretenden privilegios económicos basados exclusivamente en su ascendencia. El trabajador uruguayo, que ya está agobiado a impuestos, mira con desconfianza cómo se baraja la posibilidad de nuevas transferencias directas de recursos.
La izquierda uruguaya, históricamente cercana a este tipo de colectivos, parece ver en las demandas de la comunidad afrodescendiente una oportunidad para mostrarse «progresista» sin medir las consecuencias. Si se abre la puerta a indemnizaciones por hechos del pasado remoto, ¿dónde se pone el límite? ¿Mañana serán los descendientes de otras nacionalidades o grupos que también sufrieron injusticias? El concepto de responsabilidad individual se diluye en una marea de colectivismos que solo sirven para agigantar el gasto público y dividir a la sociedad en lugar de unirla bajo una misma bandera.
Prioridades reales frente a pedidos ideológicos
Uruguay tiene desafíos estructurales que no pueden esperar. La crisis educativa, el déficit en infraestructura y la necesidad de bajar el costo país deberían estar al tope de la agenda. Sin embargo, los pedidos de la población afro ocupan un espacio mediático y político que distrae de lo fundamental. Es difícil explicarle a un jubilado que cobra la mínima que no hay fondos para medicamentos, mientras se discute entregar fortunas en indemnizaciones a personas que, por lógica biológica, jamás sufrieron personalmente la esclavitud que denuncian.
Incluso el planteo de llevar el candombe de forma obligatoria y reglamentada a todas las escuelas, con cuerdas de tambores financiadas por el Estado, suena más a un capricho que a una necesidad educativa. Mientras nuestros jóvenes tienen dificultades en comprensión lectora y matemáticas, las protestas de la comunidad afro pretenden imponer una agenda cultural que, aunque valiosa como folklore, no debería ser una carga económica obligatoria para el sistema de enseñanza. El Estado no está para financiar la identidad de cada grupo, sino para asegurar que todos tengan las herramientas básicas para progresar por mérito propio.
El riesgo de un Uruguay fragmentado por subsidios
Si el gobierno actual o el venidero cede ante los reclamos de un inmigrante afrodescendiente, se estará enviando un mensaje nefasto a la población: el que grita más fuerte o el que mejor se victimiza, cobra. Este modelo de subsidios por pertenencia a un grupo determinado solo genera resentimiento y fragmentación social. Uruguay siempre se jactó de ser una sociedad de cercanías, donde lo que importaba era el ciudadano. Hoy, esa visión está amenazada por una lógica de «reparaciones» infinitas que solo beneficia a los líderes de estos movimientos que manejan las cajas.
En definitiva, los reclamos de un inmigrante afrodescendiente deben ser analizados bajo la lupa de la realidad económica y no bajo el sesgo de la culpa histórica. El pasado no se puede cambiar y el dinero público no tiene la propiedad mágica de borrar los dolores de los antepasados. Lo que Uruguay necesita es menos gente pidiendo indemnizaciones y más gente produciendo. Ceder a estas presiones por una conveniencia electoral momentánea sería un error histórico que el país terminará pagando muy caro, tanto en términos económicos como en su convivencia democrática.
¿Hasta qué punto está dispuesta la clase política a rifar el tesoro nacional para satisfacer reclamos que parecen no tener fin ni lógica en el siglo XXI?
