Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con el costo de vida y los ajustes de tarifas, los empleados de los bancos públicos uruguayos tienen un motivo para mirar al calendario con optimismo. Febrero de 2027 ya tiene nombre y apellido financiero: una «partida especial por única vez» que, en conjunto, inyectará unos 2,2 millones de dólares en los bolsillos de la plantilla de trabajadores del Banco República (BROU), Banco Hipotecario (BHU), Banco de Seguros del Estado (BSE) y el Banco Central (BCU).
El preacuerdo, que lleva la firma de AEBU y la venia del Ejecutivo, no es un hecho aislado. Es la continuación de una lógica que ya se aplicó en otros entes autónomos, donde se repartieron millones bajo la premisa de incentivar el «clima de diálogo». Pero, ¿es realmente un incentivo al diálogo o una forma de cerrar acuerdos salariales sin tocar las estructuras que, a menudo, resultan pesadas e ineficientes? La pregunta flota en el aire, especialmente cuando se analiza la letra chica de un convenio que va mucho más allá de una simple transferencia de dinero.
Un pacto con más que solo billetes
El acuerdo no es solo cuestión de dinero. AEBU y el gobierno aprovecharon la instancia para abrir la puerta a una discusión que promete polémica: el cambio en el horario de atención al público. La banca oficial, que muchas veces parece vivir en otra época, se enfrenta al espejo del sector privado, que ya migró a la atención matutina. Es un movimiento necesario, pero que se negocia con la moneda de cambio de más beneficios.
En la interna, la justificación oficial apunta a que estas partidas son herramientas para destrabar la gestión y conseguir la colaboración de los funcionarios en la modernización de las instituciones. Sin embargo, para el contribuyente, la lectura suele ser otra: se paga un «extra» para que los empleados se sientan cómodos mientras se intenta, con suerte, que el Estado funcione un poco mejor. Según un análisis reciente del semanario Búsqueda, los montos individuales que recibirá cada empleado se acercan a los 14.000 pesos, una cifra que, aunque no parece exorbitante, multiplica por miles los niveles de gasto estatal.
Licencias, beneficios y la sombra de la eficiencia
Si uno se detiene a leer el convenio completo, encuentra una lista de beneficios que hacen que cualquier empleado del sector privado —el mismo que paga los impuestos que financian estos entes— suspire con envidia. Desde licencias extendidas para el cuidado de recién nacidos hasta días libres para concurrir a reuniones escolares, el acuerdo parece más un manual de bienestar laboral que un convenio destinado a mejorar la productividad.
Se incluyen además esquemas de «limpia sueldo» para funcionarios endeudados y promociones de acceso a vivienda. Es evidente que, en la negociación, los sindicatos han jugado una mano maestra, logrando blindar derechos y beneficios en un contexto donde el sector privado apenas si puede mantener las condiciones vigentes. La gran interrogante sigue siendo si, al final del día, el cliente que hace fila en la sucursal notará alguna mejora en la calidad del servicio o si simplemente estará financiando un «clima de trabajo» más ameno para el funcionario.
¿Cambio de época o inercia estatal?
La conformación de un grupo de trabajo para analizar el horario central de atención es la gran zanahoria del convenio. Todos saben que el horario actual es poco competitivo y desconectado de los hábitos modernos, pero el sindicato lo usa como una pieza más del engranaje negociador. No se trata solo de abrir más temprano; se trata de qué se está dispuesto a ceder y qué costo político está dispuesto a pagar este gobierno por implementar cambios de fondo.
El convenio tiene vigencia hasta finales de 2027, lo que significa que el tablero quedó bloqueado por un buen tiempo. Habrá ajustes salariales atados a metas de inflación y una serie de compromisos que, en teoría, buscan la eficiencia. Pero, en los pasillos de la administración pública, la historia nos ha enseñado que las promesas de gestión suelen ser mucho más livianas que los pagos concretos. Mientras los 2,2 millones de dólares esperan en la caja de seguridad de 2027, el usuario sigue esperando que el Estado, además de pagar, empiece a funcionar de verdad.