En los pasillos del Palacio Legislativo, el aire se siente pesado. No es solo el frío de junio, es la atmósfera de un sistema que, lejos de resolver las dudas sobre la gestión de la salud pública, parece estar encerrado en un juego de espejos donde nadie quiere mirarse a los ojos. El Dr. Gustavo Salle, con su estilo directo y alejado de los formalismos diplomáticos de la política tradicional, puso sobre la mesa lo que muchos susurran en privado: el caso de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) se ha transformado en un agujero negro que absorbe dinero público mientras la transparencia brilla por su ausencia.
La disputa por la creación de una comisión investigadora no es un tema menor; es la radiografía de un parlamento que, según Salle, ha perdido su norte. Por un lado, la coalición de gobierno y el Frente Amplio se lanzan dardos, intentando delimitar qué épocas investigar. «Investiguemos todo», reclama Salle, en una postura que busca romper la lógica de «cambio de figuritas» donde cada bloque protege sus espaldas. Para el abogado, limitar la investigación a los últimos 14 meses o a un periodo específico es un error conceptual que solo sirve para ocultar irregularidades que atraviesan varias administraciones.
La desconfianza institucional como bandera
Mientras el debate se empantana, el Dr. Salle no duda en apuntar hacia arriba. Para él, que el parlamento deba investigar es, en sí mismo, un síntoma de que algo no funciona. Según el abogado, el artículo 151 de la Constitución es claro: la investigación de presuntos delitos le corresponde al Poder Judicial, no a un grupo de legisladores que, en muchos casos, terminan convirtiendo la comisión en un set de televisión para atacar al adversario de turno.
En la sala de comisiones, los intercambios son tensos. Cuando se producen contradicciones entre los testimonios de exjerarcas, la impotencia se hace notar. Salle explica que, en el ámbito parlamentario, no existe la figura del careo ni la contundencia de un juez penal. «Acá el investigador no puede decir que el invitado mintió», comenta con ironía, marcando la diferencia entre el teatro legislativo y la justicia real que, según su visión, es la que debería estar actuando con firmeza.
Más allá de ASSE: una denuncia de dimensiones globales
Pero el discurso de Salle no se queda en el pago chico. En su alocución, el abogado conectó la situación de salud pública con lo que él denomina un «sistema corporatocrático» global. Mencionó la denuncia del caso Epstein y el manejo de cifras astronómicas —habló de 3 mil millones de dólares—, intentando vincular la gestión de recursos públicos en Uruguay con redes de poder internacional que, según su lectura, poco tienen que ver con el bienestar del pueblo y mucho con una agenda económica que busca desmantelar a la clase media.
Es un discurso que incomoda. No hay eufemismos. Mientras la agenda legislativa avanza entre sesiones y cafés, Salle insiste en que hay un «sistema dictatorial constitucional» que está vaciando al país de su soberanía y de sus recursos. La falta de expectativas que expresa no es producto del cinismo, sino de una convicción profunda de que, dentro de esas paredes, las soluciones de fondo son imposibles.
La calle como único escenario
Para el abogado, la política uruguaya se ha convertido en un binomio que «salió del mismo vientre». Frente Amplio y coalición de gobierno, bajo su mirada, representan dos caras de una misma moneda. Por eso, al final de su intervención, queda una pregunta flotando: si el parlamento no es el lugar, ¿dónde está la respuesta?
La respuesta, para Salle, es la calle. La manifestación, la gente organizada y la presión popular son, a su juicio, las únicas herramientas que han quedado en un sistema que, asegura, ha dejado de representar a la clase trabajadora. Mientras tanto, la investigadora sobre ASSE seguirá su curso, entre denuncias cruzadas, pedidos de pase a la justicia y una población que, a juzgar por el clima en los barrios, empieza a ver estas batallas parlamentarias con una distancia cada vez mayor.