Un camino posible hacia la reforma penitenciaria en Uruguay
Durante una década Juan Miguel Petit lideró desde la Comisión Parlamentaria un seguimiento sostenido del sistema carcelario uruguayo. Sus informes constatan problemas estructurales: hacinamiento, violencia y condiciones que el propio informe califica como trato cruel, inhumano y degradante en alrededor del 40% de los casos. A punto de cerrar su segundo mandato, Petit insiste en que la prisión es la sanción por defecto y reclama medidas urgentes y sostenidas en el tiempo.
Hacinamiento y violencia: la urgencia del diagnóstico
El hacinamiento concentra buena parte de los problemas: espacios deteriorados, falta de higiene y personas durmiendo en el suelo. Eso convierte a las cárceles en focos de riesgo sanitario y social y alimenta la violencia interna. Si no se actúa sobre la prisionización masiva, las intervenciones parciales solo amortiguan el problema sin resolverlo.
Medidas Alternativas: qué faltó y qué proponemos
Petit advierte que las medidas alternativas siguen siendo débiles y poco creíbles por su estructura administrativa limitada. Para invertir la relación entre prisiones y medidas alternativas se necesitan programas robustos, seguimiento técnico y recursos especializados. Entre las propuestas figuran ampliar la prisión domiciliaria asistida y fortalecer mecanismos que eviten ingresos preventivos innecesarios.
Instituto Nacional de Rehabilitación: por qué descentralizar
El comisionado plantea que el INR está «sepultado» bajo el Ministerio del Interior y que su descentralización es clave para liderar políticas integrales. Un instituto con autonomía podría coordinar salud, educación y reinserción y dejar de depender de la buena voluntad de otras instituciones. La falta de esa voz institucional dificulta planes a largo plazo y la implementación de programas territoriales.
Derechos Humanos: responsabilidad del Estado y la Justicia
Los informes sostienen que la persistencia de condiciones degradantes obliga a respuestas judiciales y administrativas. Petit reclama que el Poder Judicial considere las condiciones de detención al momento de fijar penas y que se facilite el acceso a recursos como el habeas corpus. Además, propone que la Justicia evalúe demandas por trato indigno y la responsabilidad estatal cuando corresponda.
El informe que Petit presentó propone tres reformas legales concretas: recuperar mecanismos de redención de pena, reactivar la suspensión condicional del proceso para delitos menores y ampliar la aplicación de artículos procesales que permitan aplazar ingresos a prisión. Esas herramientas buscan ajustar la sanción penal sin desproteger a la sociedad y reducir la sobrepoblación carcelaria.
El diagnóstico también pide el cierre y la reparación de centros en condiciones críticas, como módulos del Comcar, el penal de Libertad y otros centros con infraestructura colapsada. Mantener instalaciones inseguras no solo es inconstitucional; tiene un costo social y económico que termina empeorando la reinserción. La propuesta pasa por combinar cierres estratégicos con redistribución de recursos humanos y sanitarios.