Hay errores médicos que se explican por el cansancio o la falta de recursos, pero hay otros que tocan una fibra mucho más sensible y peligrosa: la responsabilidad ética de quien tiene la vida de un paciente en sus manos. La condena a una anestesista, tras ser denunciada por el consumo de fentanilo en las instalaciones del Hospital Italiano, no es solo una noticia policial; es una alarma que debería hacer temblar a toda la estructura de seguridad del sistema de salud.
Lo más alarmante de esta historia no es el desenlace judicial, sino la cronología. Esta profesional ya había sido denunciada previamente por situaciones similares. ¿Cómo puede ser que una institución de salud, con los protocolos que se suponen vigentes, haya permitido que una persona en esta situación siguiera teniendo acceso a una droga tan potente y letal como el fentanilo dentro de un quirófano?
Protocolos que fallaron de arriba a abajo
El fentanilo no es un jarabe para la tos; es un opiáceo de alta potencia que requiere un control estrictísimo. Que alguien pueda consumir este tipo de sustancias en su lugar de trabajo, y que además se le permita seguir ejerciendo, habla de una falla sistémica que va mucho más allá de una conducta individual. Estamos hablando de un entorno donde la vigilancia debería ser impenetrable para proteger al paciente.
La justicia actuó, sí, pero lo hizo después de que la situación se volviera insostenible. La pregunta que los pacientes del Hospital Italiano —y de cualquier centro de salud— se hacen hoy es: ¿quién nos garantiza que no hay otros casos? Cuando los controles se basan en la confianza y no en la fiscalización constante, los riesgos se multiplican.
La salud mental y el control profesional
No se trata de demonizar la adicción, sino de reconocer que la medicina es una profesión que no admite el consumo de sustancias. Un anestesista bajo los efectos de un opiáceo es un peligro latente, un riesgo que ningún hospital debería estar dispuesto a correr. La condena es necesaria, pero no es suficiente. Se requiere una revisión urgente de cómo se manejan los insumos críticos y cómo se supervisa la salud y la conducta del personal médico.
La institución ha quedado en una posición sumamente delicada. Si las denuncias ya estaban sobre la mesa, ¿por qué no se activaron los mecanismos de separación del cargo de manera efectiva? El silencio institucional o la lentitud burocrática en estos casos es, en sí mismo, un cómplice silencioso de lo que pudo haber terminado en una tragedia humana de proporciones incalculables.
Un llamado de atención para todo el sistema
Este episodio debe servir como un espejo donde todo el sistema de salud uruguayo se vea reflejado. La seguridad del paciente no puede estar supeditada a que un colega se anime a denunciar o a que el consumo sea evidente en el quirófano. La tecnología de control existe, las normativas están escritas, lo que falta es la determinación para aplicarlas sin excepciones, sin importar el rango o la trayectoria de quien esté detrás del ambo.
Hoy la justicia cerró un capítulo, pero la herida en la confianza pública está abierta. Los pacientes necesitan saber que, al entrar a una sala de operaciones, quien los duerme es una persona plenamente consciente y apta para la tarea. Ese es el mínimo estándar de salud que Uruguay debe garantizar, y casos como el del Hospital Italiano demuestran que, por ahora, esa garantía está lejos de ser total.