El festejo que le dio la espalda a su gente
La fiesta de Momo en el litoral uruguayo atraviesa una crisis de identidad que va más allá de los desfiles y las murgas. El Carnaval de Salto, históricamente concebido como un espacio de encuentro popular y una oportunidad económica para los sectores más sumergidos, se encuentra hoy bajo fuego cruzado. La denuncia de Nilsa González, una vendedora ambulante de 78 años con una vida dedicada al trabajo honesto, desnudó una realidad incómoda: la supuesta privatización de los espacios públicos y la exclusión sistemática de quienes dependen de un carrito o una mesita para parar la olla.
Nilsa no es una desconocida en el departamento; es una figura representativa de la cultura del trabajo informal que, año a año, espera febrero para generar un ingreso extra que permita pagar deudas o simplemente comer mejor. Sin embargo, en esta edición de la fiesta popular de Salto, las piedras en el camino fueron más grandes que su voluntad. A pesar de haber golpeado puertas en diversas dependencias estatales, la respuesta fue un «no» rotundo que resuena como un agravio a la dignidad de los trabajadores más humildes del norte del país.
Carnaval de Salto y la barrera de los costos privados
El testimonio de González apunta a un cambio de paradigma en la organización del evento. Según la vendedora, el Carnaval oficial de la ciudad de Salto actual está diseñado para que solo grandes cooperativas o empresas gastronómicas con capital de respaldo puedan instalarse. Los costos de los cánones y las exigencias logísticas han dejado fuera de juego al vendedor de tortas fritas, al manicero y al que ofrece pochoclos. «Los que tenemos un carrito, los humildes, no podemos trabajar», sentenció Nilsa con una angustia que refleja el sentir de decenas de familias que quedaron a pie.
Esta situación genera una contradicción flagrante con el espíritu de una festividad financiada con recursos públicos. Mientras el predio oficial se puebla de stands con precios que resultan inaccesibles para el bolsillo del salteño medio, en las afueras queda la resistencia de quienes ven vulnerado su derecho constitucional al trabajo. La privatización de hecho del Evento artístico y comunitario en Salto no solo afecta el bolsillo de la vendedora, sino que encarece la experiencia para todo el pueblo, transformando una tradición cultural en un servicio de consumo restringido.
Carnaval de Salto frente a propuestas que resultan humillantes
La denuncia de Nilsa González tomó un tinte más oscuro al relatar las «alternativas» propuestas por los organizadores. A una mujer de casi ocho décadas, se le sugirió que, si quería vender, debía hacerlo caminando con una bolsa al hombro, prohibiéndole el uso de su carrito o una estructura mínima para sentarse. Este tipo de propuestas para participar en el carnaval más esperado del norte rozan el maltrato y desconocen la realidad física de los adultos mayores que, lejos de pedir limosna, solo reclaman un lugar para trabajar con decencia.
«No me voy a humillar», aseguró González, plantando bandera frente a una burocracia que parece haber perdido la brújula de la empatía. Es paradójico que en el discurso político se critique constantemente la informalidad o la falta de voluntad laboral, pero cuando una ciudadana intenta cumplir con la normativa para el Carnaval de Salto, se encuentre con reglamentaciones que parecen redactadas para expulsarla. La falta de sensibilidad en la gestión de los espacios públicos es un síntoma de una política que prioriza el orden estético y la recaudación por encima del tejido social.
Carnaval de Salto como reflejo de la exclusión económica
El caso de Nilsa es la punta del iceberg de un malestar generalizado entre los vendedores ambulantes de Salto. La sensación es que el Carnaval de Salto 2026 ha sido capturado por una lógica mercantilista donde el que no tiene plata para pagar un piso caro, no tiene voz ni voto. La denuncia está instalada y el debate sobre la función social de los eventos públicos es urgente: ¿para quién se organiza la fiesta? Si los recursos son de todos, el beneficio no debería ser únicamente para las empresas con capacidad de lobby o grandes presupuestos.
Hasta el momento, el silencio de las autoridades municipales y de la comisión organizadora del Carnaval de Salto solo aumenta la indignación de los vecinos. Se apela a la Constitución para recordar que el derecho al trabajo es sagrado, y más aún cuando se trata de sustento vital. El Carnaval debe ser, por definición, un espacio de transgresión y libertad, no una vidriera de exclusión donde se castiga la pobreza. La respuesta que den los responsables marcará si Salto mantiene su corazón popular o si se entrega definitivamente a la lógica de un negocio para pocos.
¿Es posible justificar la exclusión de los trabajadores más vulnerables en nombre de una «mejor organización» de un evento que pertenece a todo el pueblo?