El fuerte reclamo de Adrián Juri ante un posible impuestazo en Uruguay
El cierre del año legislativo se vio sacudido por las declaraciones del diputado colorado Adrián Juri, quien no dudó en calificar el ajuste de las tarifas de OSE como un verdadero impuestazo en Uruguay. La decisión de incrementar el costo del servicio de agua potable en un 8,5% a partir del 1º de enero de 2026 ha generado un clima de tensión en la coalición de gobierno. Según el legislador, este porcentaje excede largamente cualquier cálculo razonable basado en la inflación acumulada del ejercicio anterior.
Para Juri, la magnitud del aumento no tiene una justificación clara por parte de las autoridades del ente, lo que configura lo que él denomina un impuestazo en Uruguay que recae directamente sobre los hombros de los trabajadores. El representante nacional enfatizó que la falta de una comunicación oficial transparente es lo que más preocupa al sector político. «No salen las autoridades a dar la cara», cuestionó el legislador, subrayando que la medida parece ser una vía de recaudación forzosa.
El impacto social de lo que consideran un impuestazo en Uruguay
La preocupación central radica en el impacto que tendrá este ajuste en el presupuesto de las familias uruguayas. Al tratarse de un servicio básico y esencial como el agua, el diputado sostiene que cualquier suba por encima del IPC es, en la práctica, un impuestazo en Uruguay que erosiona el salario real. La clase media y los sectores más vulnerables son, a su juicio, los más perjudicados por una política tarifaria que parece no tener freno ante la necesidad de cubrir baches financieros.
El legislador recordó que, durante los últimos meses, el discurso oficial se centró en la estabilidad económica y el control de la inflación. Sin embargo, al decretarse una suba de tal magnitud, se genera una contradicción que Juri define como un impuestazo en Uruguay encubierto bajo la forma de ajuste de servicios públicos. Esta situación ha puesto en alerta a varios sectores parlamentarios que exigen una revisión inmediata de los números de la empresa estatal.
Casupá y el financiamiento detrás del impuestazo en Uruguay
Uno de los puntos más polémicos de la crítica de Juri apunta a la gestión de las grandes obras de infraestructura, como la represa de Casupá. El diputado colorado sugirió que este impuestazo en Uruguay podría ser el mecanismo elegido por el Poder Ejecutivo para financiar un proyecto que, hasta el momento, carecía de fondos específicos asignados. Juri calificó de «irresponsable» la decisión de lanzar licitaciones de esta envergadura sin tener un esquema de financiamiento que no dependa exclusivamente de las tarifas.
La discusión sobre si las tarifas públicas deben ser utilizadas como herramientas de recaudación fiscal o simplemente para cubrir costos operativos vuelve a estar en el centro del debate. Para el legislador, cargar el costo de una obra estratégica a la factura mensual de cada hogar uruguayo sin previo aviso es la definición más pura de un impuestazo en Uruguay. Esto abre una interrogante sobre la eficiencia operativa de OSE y su capacidad para gestionar inversiones sin asfixiar al contribuyente.
Posibles citaciones al Parlamento por el impuestazo en Uruguay
Aunque el receso parlamentario suele enfriar la actividad política, el diputado ya está moviendo sus fichas para que este impuestazo en Uruguay sea tratado en la Comisión Permanente. Juri busca que los directores del organismo y el propio Ministro de Ambiente den explicaciones técnicas sobre el porqué de un 8,5% de aumento. La intención es evitar que el ajuste pase desapercibido entre los festejos de fin de año y el comienzo de la licencia de muchos uruguayos.
El debate político promete intensificarse en las próximas semanas, especialmente si otros entes públicos como UTE o Antel siguen el mismo camino tarifario. Por ahora, el foco está puesto en OSE y en la figura de Juri como principal denunciante de este impuestazo en Uruguay. El resultado de estas gestiones parlamentarias determinará si el gobierno mantiene su postura o si se ve obligado a reajustar los números para evitar un mayor costo político en un año que asoma complejo.
¿Es legítimo que el Estado uruguayo ajuste sus tarifas por encima de la inflación para fondear obras que no fueron presupuestadas inicialmente?