La escena ya es un recuerdo de otros tiempos. Hace apenas un año, los uruguayos celebraban la llegada de paquetes de plataformas como Temu con la misma expectativa con la que se espera un regalo. En las oficinas, las charlas giraban en torno a cuánto tardaba el envío o qué ganga se había conseguido por pocos dólares. Hoy, ese clima cambió radicalmente. El entusiasmo fue reemplazado por la calculadora y la desilusión: el «impuesto Temu» llegó para ponerle un techo a la libertad de elegir.
Según los últimos registros de la Dirección Nacional de Aduanas, el impacto fue inmediato y contundente: una caída del 43% en los envíos durante mayo, el primer mes bajo el nuevo régimen impositivo. La cifra de 112.355 paquetes no es solo un número frío en un reporte técnico; es la prueba irrefutable de que cuando el Estado mete la mano en el bolsillo del consumidor, el mercado se congela.
El costo de «proteger» a unos pocos
El argumento oficial fue el de siempre: buscar un «trato equitativo» con el comercio tradicional. Sin embargo, en la práctica, lo que se hizo fue penalizar al ciudadano de a pie. Con la imposición del IVA del 22% a las compras internacionales, el gobierno de turno no solo encareció el producto final, sino que terminó asfixiando una alternativa de consumo que había democratizado el acceso a bienes que, de otra forma, serían impagables en el mercado local.
Mientras los comerciantes tradicionales celebraban la protección estatal, el consumidor uruguayo sintió el golpe. Las redes sociales —donde antes se compartían capturas de pantalla de los pedidos— hoy se llenan de quejas sobre los costos adicionales y la burocracia que ahora rodea a cada compra. La gente se cansó de hacer malabares para traer un repuesto, una herramienta o una prenda, solo para terminar pagando un recargo que, en muchos casos, vuelve la operación inviable.
La política que castiga al consumidor
Es irónico. Mientras el mundo se mueve hacia la facilitación del comercio y el acceso global, aquí se eligió el camino del retroceso. La modificación al régimen de franquicia —que ahora permite gastar los 800 dólares en una única vez, pero bajo un esquema impositivo más gravoso— parece más un intento por recaudar y aplacar a gremiales influyentes que una verdadera medida de apoyo al desarrollo comercial.
En los pasillos de las ferias y en las charlas de café, el sentir es unánime: la gente perdió el interés. El «efecto Temu», que había permitido a miles de uruguayos acceder a productos básicos con precios razonables, fue desarticulado por un celo recaudador que ignora el malestar social. El mensaje es claro: si querés comprar barato, tenés que pagarle el «peaje» al Estado.
Números que no mienten
Aunque los datos muestran que en los primeros cinco meses del año todavía había un crecimiento interanual, el mes de mayo marca un quiebre de tendencia que no admite dobles lecturas. La caída a los niveles de junio de 2024 —cuando el fenómeno de las plataformas chinas apenas despuntaba— confirma que el entusiasmo fue masacrado por la política impositiva.
Al final, el gobierno logró su objetivo: bajar el flujo de paquetes. Pero lo hizo a costa de la libertad de consumo de los uruguayos. Mientras el Estado se jacta de aplicar medidas de control, los ciudadanos se quedan sin alternativas y con menos dinero en el bolsillo. La pregunta que queda flotando es si valió la pena sacrificar el bienestar de miles de consumidores para sostener un modelo que, lejos de innovar, prefiere cerrar las puertas y cobrar por cada rendija.