El posible establecimiento de un impuesto a las rentas obtenidas en el exterior por residentes uruguayos ha encendido un intenso debate en la arena política y en el sector financiero. La medida, en estudio para ser incluida en el próximo proyecto de Ley de Presupuesto, podría alcanzar un capital estimado en 62.000 millones de dólares, según datos oficiales.
Un cambio en el alcance del IRPF
La propuesta busca modificar la actual estructura del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que desde la reforma tributaria de 2007 excluye las ganancias de capital generadas fuera del país por residentes. El objetivo sería ampliar su alcance e incluir estas rentas dentro de la base imponible, con tratamiento parlamentario rápido al integrarse en el Presupuesto.
En el equipo económico sostienen que no se trata de crear un tributo nuevo, sino de perfeccionar y ampliar los existentes. El destino de la recaudación podría orientarse a financiar políticas para la primera infancia, consideradas prioritarias por el gobierno.
Posturas a favor y en contra
Desde sectores sociales y sindicales, la medida es vista como una oportunidad para aumentar la progresividad del sistema tributario, especialmente en el marco de propuestas que apuntan a que los sectores de mayor renta contribuyan más.
Por el contrario, referentes políticos y empresariales advierten que un impuesto de este tipo podría afectar la confianza inversora, desalentar la llegada de capitales y modificar la imagen de Uruguay como país estable en materia tributaria. También señalan que podría generar efectos negativos en zonas con alta concentración de inversiones, como Maldonado.
Un capital en el exterior en aumento
Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas indican que los activos y capitales de residentes uruguayos en el exterior ascendieron en 2023 a 62.000 millones de dólares, equivalentes a casi el 79% del Producto Interno Bruto. El crecimiento ha sido significativo si se compara con los 27.171 millones registrados en 2019.
Otras medidas en estudio
El gobierno también analiza iniciativas complementarias, como impuestos sobre compras digitales en el exterior y la adaptación de la normativa nacional al Impuesto Mínimo Global promovido por la OCDE, que afectaría a multinacionales con operaciones en Uruguay.
Próximos pasos en la discusión
El debate se mantendrá en primer plano hasta la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto. Mientras tanto, se prevén reuniones entre el equipo económico, legisladores y actores del sistema financiero para evaluar el alcance de la medida y sus eventuales impactos.