La historia parece repetirse con la misma protagonista y el mismo método: dinero público destinado a monumentos de ego político. El despilfarro de Cosse vuelve a estar en el centro de la escena tras el anuncio de una inversión de 10 millones de dólares para intervenir el entorno del Palacio Legislativo. En un Uruguay asfixiado por la presión fiscal y con cifras de criminalidad que no dan tregua, la prioridad de la vicepresidente se desvía hacia el urbanismo ornamental, ignorando las urgencias de quienes sostienen el sistema con su esfuerzo diario.
La propuesta, que bajo el disfraz de «reordenamiento del tránsito» y «áreas peatonales» busca gastar una fortuna, ha despertado la indignación de diversos sectores. La crítica no apunta a la conservación del patrimonio —que ya está protegido— sino a la desconexión total de la realidad social por parte de la jerarca. Mientras el sector privado lucha por sobrevivir a costos operativos insoportables, el Estado, personificado en esta iniciativa, decide priorizar el cemento y el diseño paisajístico.
¿Un nuevo «Antel Arena» en las puertas del Parlamento?
El fantasma de las irregularidades pasadas sobrevuela este proyecto. Es imposible no trazar un paralelismo con la construcción del Antel Arena, obra que terminó costando el triple de lo presupuestado y que dejó una estela de cuestionamientos sobre la eficiencia en la gestión de Carolina Cosse. En 2026, la fórmula parece ser la misma: anunciar obras de alto perfil visual que poco o nada aportan a la productividad del país o a la seguridad de los ciudadanos que caminan por las zonas más críticas de Montevideo.
El financiamiento de estos 10 millones de dólares no cae del cielo. Proviene directamente de la carga impositiva que se refleja en cada litro de nafta y en cada factura de servicios. Hace apenas días, el aumento de los combustibles volvió a golpear el bolsillo de los trabajadores, justificándose en la necesidad de «equilibrar las cuentas». Sin embargo, el equilibrio parece no existir cuando se trata de financiar caprichos arquitectónicos que solo sirven para la foto oficial de la casta política.
Inseguridad y prioridades invertidas
Uruguay atraviesa una de las crisis de seguridad más profundas de su historia reciente. Las tasas de homicidios y rapiñas exigen una inversión masiva en tecnología, patrullaje y reformas del sistema carcelario. En este contexto, destinar recursos millonarios a «ampliar áreas verdes» alrededor del Palacio Legislativo resulta, como mínimo, una burla a las víctimas de la delincuencia.
La vicepresidente parece gobernar para un país que solo existe en los planos de arquitectura. La realidad es que el contribuyente uruguayo está cansado de ser el financista de proyectos faraónicos que no devuelven bienestar. La reforma del entorno del Palacio no bajará el costo de vida ni sacará a los criminales de las calles; por el contrario, profundizará el sentimiento de despojo de una ciudadanía que ve cómo sus tributos se evaporan en obras de dudosa necesidad.
En definitiva, el despilfarro de Cosse pone de manifiesto una crisis de prioridades. La gestión pública debería centrarse en solucionar los problemas estructurales que impiden el crecimiento del Uruguay, en lugar de maquillar zonas que ya son emblemáticas. La pregunta que queda flotando es: ¿hasta cuándo el sector privado podrá seguir financiando la agenda estética de una política que le da la espalda a las necesidades básicas de la población?