El parte policial del departamento expone la alarmante realidad de la «puerta giratoria» judicial. Delincuentes que fueron condenados hace apenas un mes, o que acumulan decenas de robos, violaciones de domicilio y hasta abusos sexuales, volvieron a recibir penas de prisión tras continuar azotando a los vecinos.

La indignación en las paradas de ómnibus de los barrios salteños, en las charlas de los almacenes y en los grupos de seguridad vecinal ya no es una simple queja por la inseguridad; es un clamor de furia contra un sistema judicial que parece redactado a la medida de los delincuentes. Los últimos fallos dictados en los tribunales locales revelan una radiografía escandalosa: la reincidencia no es la excepción, es la norma absoluta.

Los legajos judiciales demuestran cómo la Fiscalía y los juzgados locales firman condenas que se vuelven totalmente estériles a los pocos meses, devolviendo a las calles a malvivientes con frondosos prontuarios que demoran días en volver a perpetrar hurtos, asaltos y violaciones.

A continuación, la nómina de delincuentes condenados en Salto antecedentes que desnuda el fracaso de las políticas de reclusión.

Franco Ezequiel Núñez Abadie: el colmo de la puerta giratoria

Este delincuente batió todos los récords de ineficacia judicial en apenas 30 días. El pasado 24 de marzo de 2026, Núñez Abadie había sido condenado con prisión por dos delitos de hurto. Increíblemente, un mes exacto después, el 24 de abril de 2026, volvió a ser sentado en el banquillo y condenado nuevamente con prisión como autor de tres delitos de hurto (uno especialmente agravado y en grado de tentativa). La pregunta en las calles de Salto es obvia: ¿cómo un hombre condenado con prisión en marzo estaba libre en abril cometiendo tres robos más? Una muestra brutal de la impunidad total.

Marcelo Agustín Sarthou de Lima: de la violencia privada al robo domiciliario

El historial de Sarthou de Lima deja en claro que el paso por el centro penitenciario no genera el más mínimo remordimiento. En enero de 2025 fue procesado por reiterados delitos de violencia privada agravada, lesiones personales y violación de domicilio. Poco más de un año después, el 23 de abril de 2026, la Justicia le volvió a tipificar prisión por un delito de violación de domicilio en concurrencia con un delito de hurto. Los vecinos del departamento siguen sufriendo a los mismos intrusos que violan la propiedad privada una y otra vez.

Robert Fabricio Salvi Núñez: el negocio de la receptación

Salvi Núñez es otro nombre repetido en las comisarías salteñas. En marzo de 2025 había marchado tras las rejas por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Sin haber cumplido siquiera un tiempo prudencial que garantice su reinserción, el 23 de abril de 2026 fue condenado nuevamente con prisión, esta vez bajo la figura de receptación, el eslabón clave que permite que el mercado de objetos robados siga floreciendo en el departamento a costa del esfuerzo de los trabajadores.

Miguel Andrés Miquelarena Dos Santos: un peligro público con 29 robos a cuestas

El caso de Miquelarena Dos Santos roza el absurdo y expone el costado más blando del sistema penal. El 29 de diciembre de 2023, este sujeto fue condenado por la impactante cifra de 23 delitos de hurto y 10 violaciones de domicilio. Lejos de recibir una pena ejemplarizante que lo mantuviera alejado de la sociedad por años, el 23 de abril de 2026 reapareció en los juzgados para sumar a su prontuario otros seis delitos de hurto y dos violaciones de domicilio más. Un auténtico especialista en saquear hogares que acumula casi 30 robos documentados y sigue recibiendo penas laxas.

Rogelio Mario Díaz Correa: el saqueo sistemático de viviendas

Díaz Correa mantiene un perfil criminal idéntico al resto de sus socios en el delito: la fijación con las viviendas ajenas. En agosto de 2025 se le había dictado prisión por violación de domicilio. Menos de un año después, el pasado 23 de abril de 2026, volvió a ser alojado en el penal local tras comprobarse su autoría en dos delitos de hurto especialmente agravados en régimen de reiteración real. Las condenas cortas solo sirven para que estos individuos descansen y vuelvan a delinquir con mayor ferocidad.

Franco José Chivel Flores: de las armas de fuego a la violación

El perfil de Chivel Flores es, sin dudas, uno de los más alarmantes y peligrosos de la lista. En abril de 2025 había sido condenado por hurto, tres delitos de disparo de arma de fuego y tres delitos de porte de arma de fuego en espacio público. Un violento que andaba a los tiros por la ciudad. La alarmante desidia judicial permitió que recuperara la libertad para cometer un delito aberrante: el 23 de abril de 2026 fue condenado con prisión como autor penalmente responsable de un delito de violación. La inacción del sistema dejó una víctima indefensa en el camino.

Martín Gastón Pereira Zapirain: reincidencia sin freno

Cerrando esta lista de la vergüenza delictiva se encuentra Pereira Zapirain, quien en julio de 2025 poseía un antecedente penal por receptación especialmente agravada. Sin intenciones de buscar un trabajo honesto, el 21 de abril de 2026 la Justicia salteña lo condenó nuevamente con prisión por dos delitos de hurto (uno en grado de tentativa) y un delito de violación de domicilio en concurrencia con hurto.

El panorama en Salto es desolador para el ciudadano de a pie. Mientras los trabajadores blindan sus casas con rejas, alarmas y candados, los delincuentes entran a los juzgados, firman condenas abreviadas de pocos meses y regresan al ruedo criminal con total normalidad, burlándose de las leyes y de la tranquilidad de toda la población.

Uruguay ya no es un país seguro: el relato se cayó, la calle manda

La mentira se agotó. Uruguay ya no es el país tranquilo que los políticos siguen vendiendo en conferencias de prensa. La seguridad pública está en crisis. La violencia se volvió rutina. El miedo dejó de ser una excepción. Y mientras tanto, el Estado mira para otro lado, repite slogans y maquilla cifras.

Las cifras que no quieren mostrar

El Ministerio del Interior insiste en que los homicidios bajaron un 1,6% en el primer semestre de 2025. Que los hurtos cayeron un 8,5%. Que las rapiñas descendieron un 15%. Pero en los barrios, en las rutas, en los comercios, nadie lo nota. Porque la estadística no tapa la sangre. Porque la percepción no se manipula con PowerPoint.

La gente no necesita informes: vive la inseguridad todos los días. Vive con rejas, alarmas, cámaras, grupos de WhatsApp, miedo a salir de noche, miedo a volver tarde, miedo a que sus hijos no regresen. Vive con la certeza de que si algo pasa, nadie va a responder.

Policía sin respaldo, delincuencia sin freno

Los policías están solos. Mal pagos, mal equipados, mal entrenados. Patrullan con autos rotos, chalecos vencidos y órdenes contradictorias. Se enfrentan a bandas armadas con logística de guerra, mientras el Ministerio les exige resultados sin darles herramientas.

Y cuando actúan, los exponen. Los filman, los juzgan, los abandonan. El mensaje es claro: si sos policía, cuidate solo. Si sos delincuente, tenés margen. Porque el sistema está diseñado para no incomodar al crimen, para no tocar intereses, para no asumir costos políticos.

El narco ya no es visitante: es dueño

El crimen organizado no está llegando: ya llegó. Ya se instaló. Ya compró terrenos, voluntades y estructuras. Ya lava dinero en rubros legales. Ya recluta menores en barrios olvidados. Ya impone reglas donde el Estado se retiró.

Los ajustes de cuentas son semanales. Las armas circulan sin control. Las fronteras son coladores. Y los puertos, una autopista para el tráfico. Pero nadie lo dice. Nadie lo enfrenta. Porque enfrentarlo implica admitir que el relato de país seguro es una farsa.

Política de seguridad: marketing sin resultados

Cada gobierno presenta su “plan integral de seguridad”. Cambian los nombres, los logos, los uniformes. Pero el fondo es el mismo: improvisación, parches, anuncios vacíos. Se invierte en cámaras, en apps, en patrulleros con GPS. Pero no se invierte en inteligencia criminal, en justicia eficiente, en prevención real.

La seguridad se usa como herramienta electoral. Se promete en campaña, se olvida en el poder. Y cuando la realidad golpea, se responde con estadísticas, no con soluciones.

La justicia no llega, la impunidad manda

Denunciar es un acto de fe. La mayoría de los delitos no se denuncian porque la gente sabe que no pasa nada. Porque el sistema judicial es lento, burocrático y desconectado. Porque los fiscales están saturados. Porque las víctimas terminan más expuestas que los agresores.

La tasa de resolución de homicidios sigue por debajo del 50%. En delitos sexuales, es aún peor. La impunidad no es una falla: es una constante. Y eso alimenta el círculo. Porque si nadie paga, todo vale.

El silencio institucional es parte del problema

Las autoridades hablan cuando no queda otra. Cuando hay un video viral, una muerte mediática, una marcha masiva. El resto del tiempo, callan. O peor: niegan. Minimizaron el avance del narco. Negaron la penetración del crimen organizado. Ignoraron las alertas de los sindicatos policiales. Y ahora, cuando el caos es evidente, siguen repitiendo que “estamos mejor”.

No estamos mejor. Estamos peor. Y lo más grave es que ya ni siquiera se finge voluntad de cambio.

Seguridad para pocos, miedo para todos

La seguridad se privatizó. Quien puede, paga: alarmas, cámaras, guardias, barrios cerrados. Quien no puede, se resigna. Se encierra. Se arma. Se organiza con vecinos. Se adapta a vivir con miedo.

El Estado, mientras tanto, se retira. Deja zonas sin patrullaje. Deja barrios sin presencia. Deja víctimas sin respuesta. Y deja a los ciudadanos librados a su suerte.

¿Y la prevención?

No existe. No hay políticas serias de inclusión, ni de rehabilitación, ni de contención. No hay inversión en educación, ni en salud mental, ni en oportunidades reales. Solo hay represión selectiva y abandono estructural.

El resultado es predecible: más violencia, más exclusión, más desesperación. Y un Estado que solo aparece para contar muertos o justificar fracasos.

¿Qué se necesita?

Una reforma profunda. No cosmética. No electoral. Una transformación real del sistema de seguridad y justicia. Con inversión seria. Con planificación a largo plazo. Con participación ciudadana. Con voluntad política de enfrentar al crimen, aunque duela.

Se necesita inteligencia criminal, justicia rápida, policías respaldados, barrios integrados, fronteras controladas, puertos auditados. Se necesita Estado. Presente, firme y transparente.

Conclusión: el tiempo se acabó

Uruguay ya no es un país seguro. Y seguir repitiendo lo contrario es una forma de complicidad. La violencia crece. La impunidad se consolida. Y la ciudadanía está sola.

No alcanza con bajar un 1% los homicidios si la gente vive con miedo. No alcanza con mostrar patrulleros nuevos si los barrios siguen dominados por el narco. No alcanza con discursos si no hay acción.

El tiempo de los relatos terminó. Es hora de enfrentar la realidad. Con coraje, con verdad y con decisiones. Porque si no se actúa ahora, lo que viene será peor. Y ya no habrá relato que lo tape.

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