Abuso en el INAU del Chuy: imputan a exdirector por presunto ataque sexual contra un menor
La Justicia de Rocha dio un paso fundamental en una causa que genera profunda conmoción en el sistema de protección a la infancia y adolescencia. El ahora exdirector del centro Hogar de Varones de Rocha, ubicado en las inmediaciones de la frontera, fue imputado por una presunta Agresión contra un adolescente que se encontraba bajo la tutela directa del Estado. El caso, que salió a la luz tras la valentía de la víctima al relatar lo sucedido ante técnicos del organismo, pone bajo la lupa los controles internos y la seguridad de los jóvenes internados en dependencias públicas.
El episodio que dio origen a la investigación por abuso en el INAU del Chuy se remonta a mediados del año 2024. En aquel entonces, el denunciante contaba con 15 años y residía en el hogar rochense desde hacía varios meses. Según la reconstrucción de la Fiscalía, los hechos ocurrieron mientras el adolescente realizaba tareas cotidianas en el centro. El relato del menor, que ha mantenido coherencia a lo largo de las diversas instancias periciales, describe una situación de contacto físico no consentido que vulneró su integridad, activando de inmediato los protocolos de protección de derechos humanos.
El proceso judicial y las pruebas del abuso en el INAU del Chuy
La Fiscalía de Rocha de 2do Turno, bajo la dirección de los fiscales Federico Pion y Susana Rodríguez, presentó elementos que consideran contundentes para formalizar la investigación. Durante la audiencia, se hizo hincapié en una pericia psicológica que detectó una «conducta progresiva de acercamiento» por parte del imputado hacia el menor. Estos indicadores técnicos reforzaron la gravedad de la denuncia por abuso, permitiendo que la jueza Gilda Martinelli hiciera lugar a la formalización por el delito de abuso sexual agravado, una figura penal que contempla la relación de jerarquía y cuidado que existía entre ambas partes.
A pesar de que inicialmente se decretó la prisión preventiva del exdirector por un plazo de 90 días, la defensa del hombre apeló la medida. Los abogados del imputado sostuvieron que el relato del adolescente carecía de contextualización y que no se podía probar una intencionalidad de carácter sexual. No obstante, el Ministerio Público rebatió estos argumentos señalando que el menor fue interrogado por múltiples operadores y peritos, manteniendo siempre su versión de los hechos sobre el abuso en el INAU del Chuy. Además, se destacó la existencia de indicadores de trauma típicos en víctimas de este tipo de delitos.
El fallo del Tribunal de Apelaciones y la asimetría de poder
En un giro que generó debate en los pasillos judiciales, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er Turno decidió modificar la medida cautelar. Si bien los ministros confirmaron la formalización de la investigación por el uso indebido, entendieron que los riesgos procesales pueden mitigarse sin necesidad de la prisión efectiva. Para el tribunal, la prohibición de salir del país y la restricción total de acercamiento a la víctima son suficientes para asegurar el proceso. De esta manera, el exdirector esperará el juicio oral bajo medidas limitativas de su libertad ambulatoria.
La jueza de primera instancia había argumentado inicialmente que la prisión era necesaria debido a la evidente «asimetría de poder» entre un director de un hogar y un menor institucionalizado. Este factor es clave en cualquier causa en el INAU del Chuy, ya que la víctima se encuentra en una situación de dependencia absoluta respecto a quienes deberían protegerla. Al haber testigos que aún permanecen bajo el amparo de la institución, la Fiscalía advirtió sobre el posible riesgo de entorpecimiento de la investigación si el imputado mantenía cualquier tipo de vínculo con el organismo.
Medidas actuales y situación de la víctima tras el caso del Chuy
Tras la denuncia, el adolescente fue trasladado a un centro especializado en Montevideo para garantizar su seguridad y brindarle la contención psicológica necesaria. Por su parte, el imputado fue removido de su cargo ejecutivo y pasó a desempeñar tareas administrativas antes de solicitar una licencia médica. Las restricciones impuestas por el Tribunal de Apelaciones le prohíben ahora acercarse a cualquier adolescente que esté bajo la órbita de INAU, así como ingresar a la capital del país sin previa autorización judicial, buscando así blindar el entorno de la víctima del abuso en el INAU del Chuy.
La sociedad rochense y el país entero observan con atención el desarrollo de este expediente, que entrará próximamente en su etapa de juicio oral. Allí, las partes deberán presentar toda la prueba producida, incluyendo posibles declaraciones en Cámara Gesell para evitar la revictimización del joven. Este caso de abuso en el INAU del Chuy reabre la discusión sobre la formación y selección del personal en áreas críticas, donde la confianza de los menores en las instituciones del Estado es lo único que les queda para intentar reconstruir su futuro.
¿Son suficientes las medidas de prohibición de acercamiento para proteger a un menor vulnerable cuando el imputado ostentaba un cargo de máxima jerarquía en el sistema de protección?