El gatillo fácil se ensaña con los que no tienen voz
La noche de Paso de los Toros se convirtió en el escenario de una tragedia que supera lo anecdótico para transformarse en un síntoma alarmante de la violencia policial en Uruguay. Un efectivo, cuya identidad todavía se resguarda bajo el ala del Ministerio del Interior, decidió que la solución a un conflicto con un canino era un disparo certero al abdomen. No hubo protocolos de contención, no hubo manejo de crisis; hubo un balazo y la imagen desoladora de un funcionario arrastrando el cuerpo del animal por una pata para tirarlo, como si fuera un desecho, a la caja de una camioneta oficial.
Lo que circula en redes sociales no es solo un video de maltrato animal; es la prueba irrefutable de un modus operandi donde la fuerza bruta sustituye a la inteligencia. El abuso policial en las calles parece haber encontrado en Tacuarembó un nuevo campo de entrenamiento, donde un perro que ladraba o «atacaba» —según la versión que se elija creer— terminó pagando con su vida la impericia de quien porta un arma del Estado. Mientras las plataformas animalistas claman por justicia, el silencio administrativo del fin de semana suena a complicidad.
Mi refugio Paso de los Toros ya hizo denuncia en INBA.
Necesitamos que las personas que estaban ahí den su testimonio. https://t.co/gu9Uq9SlhL— Plataforma Animalista (@PA_Uruguay) January 31, 2026
Versiones que huelen a encubrimiento oficial
Como sucede cada vez que el uniforme queda manchado, las «versiones contradictorias» no tardaron en aparecer para embarrar la cancha. El presidente del INBA, Esteban Vieta, reconoció que las narrativas se cruzan, pero el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, ya salió a armar el blindaje: alegó que el oficial fue mordido por un perro «grande». Sin embargo, esta justificación de legítima defensa no logra explicar la saña posterior ni la falta de pericia para reducir a un animal sin necesidad de recurrir al plomo, un patrón repetitivo de la violencia policial en Uruguay.
Es curioso cómo, ante la falta de cámaras o de pruebas definitivas, la palabra del oficial siempre pesa más que la de los testigos civiles que aseguran que el animal solo ladraba. La Policía bajo la lupa se alimenta de esa asimetría de poder, donde un uniformado puede ejecutar a un ser vivo y esperar sentado a que una «investigación de urgencia» determine si se ajustó a derecho. Para los vecinos de Paso de los Toros, el hecho es claro: se usó un arma de fuego en una zona residencial para silenciar a un perro, un exceso que no resiste el menor análisis ético.
El INBA y una burocracia que llega siempre tarde
Mientras el animal agonizaba en una clínica veterinaria para luego morir, el organismo encargado de su protección estaba «cerrado por fin de semana». Esta desidia institucional es la que permite que la denuncias por prácticas policiales indebidas progrese sin frenos. Recién el lunes se verán las caras para «pedir información», dándole tiempo suficiente a los involucrados para acomodar el relato. Si el Instituto Nacional de Bienestar Animal no tiene la capacidad de reaccionar ante una ejecución pública a manos de la autoridad, su existencia se vuelve puramente decorativa.
La Plataforma Animalista ya radicó la denuncia, pero la sensación térmica en la calle es de una desprotección total. La violencia policial en Uruguay contra animales no es un tema menor, ya que refleja el umbral de tolerancia de una fuerza que parece haber perdido la brújula del respeto por la vida. Si un policía no puede manejar el ataque de un perro sin desenfundar su pistola 9mm, ¿qué seguridad podemos esperar los ciudadanos cuando el conflicto sea con una persona? La falta de sanciones inmediatas solo confirma que, para la jefatura de Tacuarembó, la vida de un perro vale menos que el trámite de una bala.
La responsabilidad del dueño como cortina de humo
En un giro previsible, el Jefe de Policía deslizó que el dueño de los animales, una persona supuestamente alcoholizada, será el «responsabilizado. Es la táctica clásica para desviar la atención de la violencia policial en Uruguay: culpar a la víctima o a su entorno para que el foco deje de estar en el oficial que apretó el gatillo. Que el dueño fuera negligente —lo cual deberá probarse— no otorga licencia para matar. La respuesta policial ante una contravención municipal sobre tenencia de mascotas no puede ser, bajo ningún concepto, la ejecución sumaria en plena vía pública.
Paso de los Toros hoy llora a un animal y desconfía de sus guardianes. La violencia policial en Uruguay ha sumado un nuevo hito de crueldad que las redes sociales se encargaron de viralizar antes de que las cámaras «desaparecieran» o los informes se volvieran ilegibles. No se trata solo de un perro; se trata de una cultura institucional que desprecia la sensibilidad social y se refugia en el corporativismo cuando las papas queman. La pregunta que queda flotando en el aire de Tacuarembó es tan simple como aterradora.
¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la respuesta estatal ante cualquier conflicto doméstico sea el uso indiscriminado de las armas de fuego?