La denuncia contra joven que se viralizó en las últimas horas por proferir amenazas de muerte explícitas contra el personal castrense ha marcado un nuevo hito en la tensión entre las redes sociales y la justicia penal uruguaya. El Centro Militar, actuando como punta de lanza de un malestar generalizado en la fuerza, confirmó que radicará una demanda formal por incitación al odio y apología del delito.
La viralización de la violencia en X
El conflicto se originó tras una publicación en la plataforma X (anteriormente Twitter), donde el usuario identificado como Gonzalo Alonso respondió a un debate sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Su mensaje, cargado de una agresividad que llamó la atención de las autoridades, instaba de manera directa al asesinato de los efectivos: “Haga patria, mate un milico”, rezaba la parte final del posteo, que rápidamente fue capturado antes de que el autor restringiera el acceso a su perfil.
Desde el Centro Militar explicaron que, aunque el mensaje data del pasado 25 de abril, la decisión de llevar el caso a los tribunales se tomó tras un pormenorizado análisis jurídico. La institución busca sentar un precedente sobre la impunidad con la que ciertos actores se expresan en el ámbito digital, bajo la creencia de que el anonimato o la distancia de una pantalla los exime de responsabilidades penales.
La base jurídica: instigación y apología pública
La estrategia legal de los militares se apoya en dos pilares fundamentales del Código Penal uruguayo. Tras estudiar el caso, los asesores letrados de la institución entienden que los dichos de Alonso encuadran perfectamente en lo establecido por los artículos 147 y 148. Estos pasajes legales refieren de manera taxativa a la instigación pública a delinquir y a la apología pública de hechos calificados como delitos.
“El joven sale alegremente a incitar a que salgan a matar a los militares. Además, ¿qué esperan de nuestra parte si salen a matar a los efectivos?”, señalaron fuentes del Centro Militar con un tono de evidente indignación. La molestia radica no solo en el mensaje en sí, sino en la pasividad inicial de la Fiscalía, que en casos de similar naturaleza suele actuar de oficio debido a la gravedad de la instigación al homicidio.
Un frente unido de las Fuerzas Armadas
La ofensiva judicial no será un acto aislado del Centro Militar. En una muestra de unidad corporativa poco frecuente, se sumarán a la denuncia el Círculo Militar, el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas y diversos clubes navales. Este bloque institucional busca blindar la imagen de los efectivos y garantizar que las amenazas contra la vida de quienes visten el uniforme no queden como una anécdota de redes sociales.
La preocupación escaló al punto de cuestionar el ambiente de seguridad nacional. En sus descargos, Alonso sugería que los militares estaban «muy cómodos y protegidos en los cuarteles» y que su salida a la vía pública debía ser aprovechada para «empezar a bajarlos como se debe». Esta narrativa de combate urbano y eliminación sistemática de funcionarios públicos es lo que ha encendido todas las alarmas en el sistema judicial.
El rol de la Justicia en la era digital
El caso ahora queda en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si la intención del joven era una amenaza real o un exabrupto enmarcado en la libertad de expresión. Sin embargo, para los denunciantes, la línea se cruzó en el momento en que se pidió el asesinato de seres humanos por su profesión. En un Uruguay que debate constantemente el rol de sus fuerzas de seguridad, la judicialización de este posteo abre una ventana necesaria para discutir hasta dónde llega el derecho a opinar y dónde comienza la criminalidad verbal.
La impunidad digital está bajo la lupa. Mientras el perfil de Gonzalo Alonso permanece bajo candado, el sistema legal uruguayo se prepara para un proceso que podría derivar en penas de prisión o tareas comunitarias, dependiendo de la interpretación del magistrado actuante sobre la peligrosidad de sus palabras. Entre gauchos no se pisan el poncho, pero cuando el ataque es directo al corazón de la institución armada, el poncho se convierte en bandera de guerra judicial.