La sensación de resguardo que debería proporcionar una celda de máxima seguridad se ha desvanecido para los parientes de Luna Giardina y Mariel Zamudio. En las últimas horas, estalló un escándalo que pone bajo la lupa la vigilancia en la unidad penitenciaria de Entre Ríos: se investiga el uso de tecnología por parte de Pablo Laurta cárcel para continuar el hostigamiento contra quienes sobrevivieron a su raid delictivo.
Según la denuncia formalizada por la abogada Marina Romano, el agresor ha logrado sortear los controles internos para enviar comunicaciones cargadas de prepotencia y promesas de una pronta libertad. «Es una situación desesperante; el sistema parece estar del lado del victimario mientras la familia vive con el corazón en la boca», señaló la letrada.
Pablo Laurta cárcel: La falla estructural que permite el acoso
El acceso a la comunicación externa por parte de delincuentes de alta peligrosidad representa una de las mayores deudas de la administración penitenciaria actual. Laurta, quien se encuentra procesado por un triple homicidio que incluyó el descuartizamiento de un trabajador y el asesinato de dos mujeres, habría utilizado este vacío de control para enviar frases como «tarde o temprano se sabrá la verdad», generando un clima de pánico en el entorno íntimo de las víctimas.
Este comportamiento no es nuevo en el perfil del imputado. Antes de perpetrar el doble femicidio en Córdoba, ya pesaban sobre él numerosas denuncias por violencia y una restricción perimetral que resultó ser papel mojado. El hecho de que hoy, estando tras las rejas, mantenga la capacidad de ejercer violencia psicológica sobre los familiares demuestra una vulnerabilidad crítica en los protocolos de custodia.
Un historial de sangre y la ineficacia de las medidas previas
La tragedia que precede a estas amenazas es de una crueldad difícil de procesar. El 8 de octubre del año pasado, Laurta inició una cadena de muertes que comenzó con el engaño y posterior asesinato del remisero Martín Palacio, cuyo vehículo fue utilizado para la fuga tras ejecutar a Giardina y Zamudio. La saña con la que se distribuyeron los restos de Palacio en distintos puntos geográficos ya marcaba el perfil de un individuo que no reconoce límites morales ni legales.
A pesar de que Luna Giardina contaba con un botón antipánico y medidas judiciales a su favor, la estructura estatal falló en protegerla. Hoy, la historia parece repetirse: la familia reclama que el aislamiento del criminal sea efectivo para evitar que el miedo sea la única constante en sus vidas. La fiscalía ha tomado cartas en el asunto, notificando oficialmente a los damnificados sobre el inicio de las actuaciones por estas nuevas amenazas que «burlan la justicia», según palabras de la querella.