Montevideo bajo fuego: cuando la vida de un trabajador vale menos que una moto y el Estado mira hacia otro lado
La inseguridad en Uruguay ha dejado de ser una estadística en los informes de gestión para convertirse en el llanto de una madre que, hace apenas unas horas, recibió la noticia de que su hijo no volverá a casa después del reparto.
Hoy, la capital uruguaya se despertó —si es que acaso duerme entre el eco de los disparos— con la sangre de un joven delivery derramada sobre el asfalto frío. El móvil: una moto usada. El precio: una vida humana. Este último crimen no es un hecho aislado, es el síntoma final de una metástasis de violencia que el gobierno de izquierda actual parece incapaz, o peor aún, poco dispuesto a extirpar. Mientras las autoridades se pierden en eufemismos y «planes estratégicos» de escritorio, el ciudadano de a pie ha pasado de ser soberano a ser una presa en su propio territorio.
La claudicación del Estado ante la barbarie cotidiana
Lo que sucedió hace instantes en las calles de Montevideo es la confirmación de una sospecha que ya es certeza en los barrios: el Estado uruguayo ha claudicado. La muerte del trabajador delivery, ejecutado a sangre fría por delincuentes que desprecian la existencia ajena, es la prueba de que el contrato social en Uruguay está roto. Ya no se trata de «sensación térmica», se trata de un conteo de cuerpos que no se detiene.
Desde que la administración de Yamandú Orsi asumió la responsabilidad de cuidar a los uruguayos, el discurso se ha centrado en las causas sociales, en la rehabilitación teórica y en el «diálogo multilateral. Sin embargo, el delincuente no dialoga; el delincuente dispara. La inseguridad en Uruguay ha mutado hacia una ferocidad nunca antes vista, donde el valor de la vida ha caído a niveles de descarte. La gestión actual, anclada en una visión romántica y fallida de la prevención, ha dejado a la Policía de manos atadas y a los barrios a merced de señores de la guerra que operan con total impunidad.
El fracaso de la «mano tendida» frente al puño cerrado del crimen
El Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado con bombos y platillos recientemente, ha sido recibido con escepticismo —y con razón— por expertos y ciudadanos. Ignacio Munyo, desde Ceres, lo advirtió con claridad: es un plan que carece de recursos y de decisión política. Pero más allá de los números, lo que falta es coraje. El gobierno parece tener más miedo a las críticas de los colectivos de derechos humanos que a los sicarios que hoy dominan las zonas periféricas y los centros comerciales por igual.
¿Cómo se le explica a la familia del trabajador asesinado hoy que el gobierno está «estudiando las variables de la criminalidad»? No hay estudio que devuelva un padre, un hijo o un hermano. La narrativa de la izquierda uruguaya ha intentado desviar la atención hacia la «herencia recibida» o la «complejidad global», pero la realidad es mucho más simple y dolorosa: bajo su guardia, los homicidios en Montevideo se han vuelto una rutina macabra. Cada mañana, los titulares anuncian un nuevo hallazgo de restos, un ajuste de cuentas en plena vía pública o, como hoy, el sacrificio de un trabajador esencial en el altar de la desidia gubernamental.
Un sistema que castiga al honesto y premia al violento
Uruguay se ha convertido en un país de rejas, cámaras y alarmas, donde el único que circula con libertad es el criminal. Las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, son universidades del delito que escupen cada día a treinta personas sin ningún tipo de control, según denuncian organismos técnicos. El flujo de delincuentes no rehabilitados que regresan a las calles es una bomba de tiempo que el Ministerio del Interior se niega a desactivar.
El enfoque actual de la justicia uruguaya parece estar diseñado para proteger el proceso penal del victimario antes que la integridad de la víctima. Mientras el gobierno se resiste a aplicar medidas de control territorial efectivas, los vecinos de Casavalle, la Teja o el Cerro viven en un estado de sitio autoinpuesto. La inseguridad en Uruguay no distingue entre ideologías, pero la respuesta para combatirla sí debería ser clara: o se está con la ley, o se está con el caos. El gobierno de Orsi, hasta ahora, ha elegido un tibio término medio que solo ha servido para envalentonar a las bandas organizadas.
El eco de Rosario en las costas de Montevideo
La advertencia de figuras internacionales como Patricia Bullrich en foros recientes no debería caer en saco roto. El crimen organizado no se negocia, se enfrenta. Uruguay está transitando el peligroso camino de la «naturalización» del homicidio. Ya no nos escandaliza el 10% de tasa de homicidios; nos hemos acostumbrado a los vidrios rotos y a los velorios a cajón cerrado.
El asesinato del delivery hoy es un grito de auxilio de una sociedad que se siente desamparada. No es falta de cámaras, es falta de respaldo a la fuerza pública. No es falta de diagnósticos, es falta de cárceles de máxima seguridad y de una reforma judicial que deje de ver al delincuente como una víctima del sistema. Si el gobierno actual no es capaz de garantizar el derecho más básico de todos —el derecho a la vida—, entonces su legitimidad para gobernar está en entredicho.
Conclusión: El tiempo de las palabras se agotó
El asfalto de Montevideo aún conserva el calor de la tragedia de hoy. La inseguridad en Uruguay ha pasado de ser una preocupación a ser una tragedia nacional persistente. El gobierno de Yamandú Orsi tiene ante sí dos caminos: o asume el costo político de una represión legítima y profesional del delito, o sigue permitiendo que las calles sean gobernadas por el miedo.
Para el delivery que hoy perdió la vida por una moto, el Estado llegó tarde. Para sus compañeros que hoy saldrán a trabajar con el corazón en la boca, el Estado es una sombra ausente. La historia juzgará a esta administración no por sus discursos de justicia social, sino por cuántos uruguayos honestos dejó morir en nombre de una ideología que le teme a la autoridad. Uruguay exige seguridad. Uruguay exige orden. Uruguay exige, por sobre todas las cosas, que dejar de morir por nada sea la prioridad absoluta del Palacio Estévez.