El sistema de protección infantil en Uruguay enfrenta hoy una de sus crisis de credibilidad más profundas a raíz del caso de Itzaé, una pequeña cuya historia ha conmovido a la opinión pública y ha puesto en duda los protocolos de actuación del Estado. La trama, que comenzó con un nacimiento marcado por la vulnerabilidad extrema y la ausencia de controles perinatales, derivó en una puja judicial que terminó separando a la niña de su madre adoptiva tras ocho meses de convivencia. Según informaron fuentes cercanas al caso a Uruguay al Día, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) ya emitió una resolución lapidaria donde asegura que se vulneraron los derechos de la menor.
La vida de Itzaé fue compleja desde su concepción, marcada por las adicciones y problemas de salud mental de su progenitora biológica. Tras nacer en el hospital pediátrico Pereira Rossell y pasar por la Fundación Canguro, la niña encontró refugio en una madre adoptiva que luchaba por ese sueño hacía años. Sin embargo, la aparición de un tío biológico, amparado en la prioridad que el Código del Niño otorga a la familia de origen, activó un proceso de desprendimiento que hoy es evaluado como traumático por expertos en psicología infantil y derechos humanos.
La prioridad biológica frente al derecho al apego
Uno de los puntos más polémicos que ha dejado al descubierto el sistema de protección infantil en Uruguay es la rigidez con la que se aplica la normativa de prelación biológica. Si bien la ley busca preservar los vínculos de sangre, en el caso de Itzaé la Justicia determinó el traslado de la menor a pesar de que ya existía un vínculo de apego consolidado con su familia adoptante. Este giro en la historia motivó que la Inddhh enviara oficios al Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) exigiendo explicaciones que, en primera instancia, no fueron respondidas satisfactoriamente.
La resolución de la Inddhh exige ahora que el INAU presente informes detallados sobre el proceso de integración de la niña con su tío y las implicancias que esto tiene en términos de salud emocional. El organismo de derechos humanos ha sido enfático al pedir que se defina un modo de reparación para la madre adoptante en un plazo no mayor a 30 días. Mientras tanto, desde el INAU se defienden alegando que la decisión final de transferir la tenencia recae exclusivamente en la órbita judicial, aunque admiten que se ha iniciado una investigación interna para revisar las actuaciones administrativas.
Muertes bajo amparo estatal y falta de respuestas
El cuestionamiento al sistema de protección infantil en Uruguay no se limita únicamente a los procesos de adopción y tenencia. En las últimas semanas, el INAU ha tenido que dar explicaciones por dos trágicos fallecimientos de menores que se encontraban bajo su tutela. El primer caso involucra a un adolescente que se fugó de un centro de protección y fue hallado muerto en las aguas del Río de la Plata. El segundo hecho, ocurrido recientemente en la Clínica Boulevar, refiere al fallecimiento por «muerte súbita» de un niño de diez años que no había presentado síntomas previos de malestar.
Estos eventos han encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad y supervisión dentro de los centros de acogida. La coincidencia de estos fallecimientos con el caso Itzaé ha generado una presión política sin precedentes sobre las autoridades del instituto de menores. Las investigaciones administrativas en curso buscan determinar si existieron omisiones en los deberes de cuidado, en un contexto donde el presupuesto y los recursos humanos parecen ser insuficientes para atender la complejidad de las situaciones que ingresan al sistema de protección.
La necesidad de una reforma en la gestión del INAU
La acumulación de denuncias y casos de vulneración de derechos sugiere que el sistema de protección infantil en Uruguay requiere una revisión estructural profunda. La falta de respuesta oportuna a los organismos de contralor, como la Inddhh, revela una burocracia que a menudo se vuelve un obstáculo para la transparencia. El presidente Yamandú Orsi, presente en la asunción de las nuevas autoridades del instituto, ha heredado un organismo que navega entre la emergencia social y la necesidad de modernizar sus procesos judiciales y administrativos.
A nivel judicial, el expediente de Itzaé sigue abierto, y los resultados de las investigaciones internas del INAU serán claves para determinar si hubo negligencia en el manejo de la información sobre los familiares biológicos antes de entregar a la niña en adopción. El desafío para Uruguay es encontrar un equilibrio justo entre el respeto a la herencia biológica y la protección del bienestar superior del niño, que en casos de apego temprano debería ser la prioridad absoluta. La sociedad uruguaya asiste a este debate con la esperanza de que la justicia no llegue tarde para Itzaé ni para los cientos de niños que esperan un hogar seguro.
¿Es posible que un sistema de protección sea realmente efectivo cuando los tiempos de la Justicia y la burocracia ignoran los tiempos biológicos y emocionales del desarrollo infantil?