El reciente conflicto por la paralización de las obras de reconstrucción en El Olivar, región afectada por el devastador incendio de 2024, se ha convertido en un tema candente dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Este problema ha desembocado en una serie de acusaciones cruzadas, desconfianzas y alegatos de irregularidades, que han puesto en tela de juicio tanto las decisiones técnicas como las administrativas del ministerio.
Acusaciones y tensiones dentro del MINVU
La decisión de detener el proyecto de reconstrucción, formalizada mediante una resolución emitida el 9 de abril de 2026, ha generado un ambiente tenso entre los funcionarios del MINVU. Las críticas apuntan al ministro Iván Poduje, quien asumió recientemente su cargo y ahora enfrenta una querella en su contra. Las acusaciones giran en torno a la alegación de que los informes técnicos utilizados para justificar la paralización de las obras fueron manipulados o malinterpretados.
Uno de los puntos más controvertidos es la afirmación de que los fiscalizadores técnicos de obra habrían firmado documentos indicando la presencia de “graves fallas constructivas”. Sin embargo, según algunos testimonios, esto no sería cierto y se habla de presiones ejercidas sobre estos fiscalizadores para que firmaran dichos informes. Este argumento es uno de los principales utilizados por Erika Maira Bravo, abogada de Social Arquitectura, entidad que medió entre los propietarios afectados y la constructora San Sebastián.
Informes reservados revelan deficiencias significativas
A pesar de que los inspectores del SERVIU Valparaíso no identificaron fallas estructurales que justificaran la demolición, dos informes técnicos reservados, a los cuales tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, cuentan una historia diferente. Estos documentos, elaborados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del MINVU y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM), revelan serias deficiencias estructurales y en las normas de seguridad contra incendios.
El informe de la DITEC, fechado el 21 de abril de 2026, se centra en las dificultades para reforzar las estructuras existentes y cumplir con los estándares de seguridad contra incendios. Este documento, junto con otro análisis del IDIEM, concluye que la demolición y reconstrucción de las viviendas sería la opción más segura, dadas las limitaciones y riesgos asociados con el reforzamiento de las edificaciones actuales.
El contexto del megaincendio de 2024
El megaincendio que asoló El Olivar en 2024 dejó a cientos de familias sin hogar, lo que llevó a la implementación de un proyecto de reconstrucción que, ahora, está en el centro del debate. Las obras, concebidas para devolver una vida digna a los damnificados, han sido objeto de polémica debido a las discrepancias entre los informes técnicos y las decisiones administrativas.
El proyecto de reconstrucción fue concebido con la intención de ofrecer viviendas seguras y modernas a las familias afectadas. Sin embargo, las diferencias en la interpretación de los informes técnicos han complicado el proceso, llevando a una situación donde las decisiones parecen estar más influenciadas por cuestiones políticas que por criterios técnicos.
Perspectivas futuras y posibles soluciones
Frente a este complejo escenario, el futuro del proyecto de reconstrucción en El Olivar sigue siendo incierto. Las autoridades del MINVU deberán encontrar un equilibrio entre las necesidades de los damnificados y las exigencias de seguridad estructural y contra incendios.
Una posible solución podría ser la realización de una nueva evaluación técnica independiente que permita clarificar las verdaderas condiciones de las estructuras y establecer un camino claro para la continuación del proyecto. Además, será crucial que el MINVU trabaje en conjunto con todas las partes involucradas, fomentando un diálogo transparente y basado en evidencias técnicas claras.
Mientras tanto, las familias afectadas continúan esperando una solución que les permita regresar a sus hogares de manera segura y con la confianza de que sus necesidades han sido adecuadamente consideradas.