La problemática generada por las jaurías de perros en el interior de Uruguay ha cobrado una dimensión trágica tras el fallecimiento de Álvaro Hiriart, un productor de la zona de Andresito, en el departamento de Flores. El trabajador rural murió a causa de un ataque cardíaco en el preciso momento en que efectivos policiales procedían a su detención. El arresto se produjo luego de que Hiriart le disparara a un perro que estaba atacando a su majada, un episodio que terminó por detonar una situación de tensión acumulada por años de denuncias sin respuesta.
El hecho ha provocado una profunda conmoción en la comunidad de Flores y en las gremiales de todo el país. Según el reporte oficial, la policía acudió al lugar tras recibir una alerta de que el productor estaba armado y había dado muerte al animal. Sin embargo, detrás de la crónica policial se esconde un trasfondo de hartazgo que la Federación Rural ha decidido exponer de forma cruda a través de un comunicado oficial emitido este martes.
El impacto de las jaurías de perros en la producción nacional
La gremial ruralista fue enfática al señalar que la muerte de Hiriart es el resultado de una cadena de injusticias y omisiones. El productor, descrito como un hombre tranquilo, trabajador y muy querido en su entorno, no era un improvisado en el tema: ya había radicado múltiples denuncias por el acoso constante de animales a su establecimiento. En esta última oportunidad, incluso había logrado identificar al perro responsable del daño antes de decidir actuar por cuenta propia ante la desesperación de ver sus ovejas destrozadas una vez más.
Desde la Federación Rural se preguntaron «cómo debería reaccionar un productor que está harto de que a cada rato entren perros a su campo a hacer destrozos sin ninguna consecuencia». La organización subrayó que existe una responsabilidad compartida que no se asume: primero, por parte de los propietarios de los perros que los dejan sueltos y, segundo, por un Estado que, a través de sus diversas instituciones, no logra dar una respuesta eficaz al control de la población canina en zonas productivas.
Un reclamo histórico sin soluciones de fondo
El caso de Andresito no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un conflicto que lleva décadas en la agenda agropecuaria. Productores de todo el país, especialmente aquellos dedicados a la cría de lanares, ven cómo su trabajo de años se pierde en una sola noche por ataques de caninos. El sentimiento de desprotección es total cuando el perro «no es de nadie», ya que en esos casos no existe una figura legal clara contra la cual reclamar el resarcimiento por las pérdidas económicas y el daño emocional.
Conmoción en Flores por la figura de Hiriart
La tragedia de Álvaro Hiriart duele especialmente por su «don de gente». El productor era conocido por su labor como agrimensor y su compromiso con el desarrollo de su departamento. Su muerte en medio de un operativo policial, lejos de ser vista como un procedimiento estándar, es interpretada por el sector como la culminación de un sistema que termina condenando a la víctima. La Federación Rural insiste en que la descompensación cardíaca fue el resultado de la impotencia y el estrés generado por una situación que el productor ya no podía manejar.
La omisión estatal y la falta de garantías
El comunicado concluye con una reflexión sobre los límites del aguante del sector productivo. Se cuestiona hasta qué punto deben llegar los productores para que se tomen medidas de fondo. Mientras se sigan dilatando las acciones para el control efectivo de los animales en el campo, el riesgo de que se repitan incidentes violentos o tragedias personales como la de Flores seguirá latente. La muerte de Hiriart marca un antes y un después en la demanda de seguridad rural en Uruguay.