Justicia tardía: el veredicto contra los culpables del feminicidio de Cecilia Monzón
Luego de tres años de una batalla judicial agotadora, el tribunal de Puebla finalmente dictó una sentencia condenatoria contra Javier López Zavala. El ex miembro de la Cámara de Diputados de México y figura de peso en el PRI fue hallado culpable del feminicidio de Cecilia Monzón, la abogada y activista que era, además, la madre de su hijo. Junto a él, otros dos implicados fueron considerados autores materiales de un crimen que conmovió a la sociedad mexicana y trascendió fronteras por su crudeza.
El proceso para llegar a este punto no fue sencillo y estuvo plagado de obstáculos que pusieron a prueba la resiliencia de la familia Monzón. Durante casi un año de juicio, la defensa de los imputados recurrió a diversas tácticas dilatorias y pedidos de aplazamiento que extendieron el dolor de los allegados de la víctima. No obstante, la presión social constante y el seguimiento de organismos de derechos humanos fueron claves para que el caso del feminicidio de Cecilia Monzón no cayera en el olvido.
El plan criminal detrás del feminicidio de Cecilia Monzón
El tribunal consideró probado que el asesinato, ocurrido en mayo de 2022 en la zona de San Pedro Cholula, fue un acto planificado y ejecutado con total frialdad. Cecilia Monzón fue interceptada por dos sicarios en una motocicleta mientras conducía su vehículo, quienes abrieron fuego de manera directa. La investigación judicial determinó que López Zavala fue el cerebro detrás del ataque, motivado por las demandas legales que la abogada había iniciado en su contra por la pensión alimenticia de su hijo.
Además del ex secretario de Gobernación de Puebla, la justicia identificó a Silvestre N y Jair N —sobrino de López Zavala— como los ejecutores directos del plan. La familia de la activista no se conforma solo con la declaración de culpabilidad y ha solicitado formalmente que se aplique la pena máxima. En el marco del Código Penal local, la condena por el feminicidio de Cecilia Monzón podría alcanzar los 60 años de prisión, una cuantía que el tribunal terminará de definir en los próximos días.
La Ley Monzón y su legado en la protección de menores
Más allá del ámbito penal, el asesinato de la abogada derivó en una transformación legislativa profunda conocida como la «Ley Monzón». Esta reforma, inspirada directamente en el feminicidio de Cecilia Monzón, establece la pérdida automática de la patria potestad para los padres que sean condenados por feminicidio en contra de la madre de sus hijos. El objetivo es evitar que los niños queden bajo la tutela del criminal que les arrebató a su progenitora.
La iniciativa, impulsada inicialmente en el estado de Puebla, rápidamente ganó terreno en otros territorios de México debido a la lógica irrebatible de su planteo. Actualmente, esta normativa ya se encuentra vigente en Sinaloa, Colima y la Ciudad de México, marcando un antes y un después en el derecho de familia. En el caso específico de Sinaloa, las reformas al Código Familiar y Penal fueron aprobadas en 2023, consolidando el impacto duradero del feminicidio de Cecilia Monzón en el sistema jurídico.
Un cierre necesario para una familia devastada
Las legisladoras que apoyaron estas reformas subrayaron la vulnerabilidad extrema en la que quedan los menores tras este tipo de actos violentos. «Les han arrebatado a su madre y, en muchos casos, quedan al cuidado del criminal que se dice su padre», señalaron durante los debates parlamentarios en Puebla. Por esta razón, la condena definitiva en el caso del feminicidio de Cecilia Monzón se ve como una pieza fundamental para cerrar un ciclo de impunidad que parecía perpetuarse.
A la espera de conocerse los años exactos que cada culpable pasará tras las rejas, la sociedad civil y los colectivos feministas mantienen la guardia alta. La lucha por la memoria de Cecilia continúa no solo en los tribunales, sino en cada estado donde se busca replicar las protecciones de la ley que lleva su nombre. El feminicidio de Cecilia Monzón dejó una marca imborrable, pero también una herramienta legal que hoy protege a cientos de niños de sus propios agresores.
¿Es suficiente una condena de 60 años para resarcir el daño causado a una familia y a un sistema de justicia que tardó tres años en responder?