La Mesa Política del Frente Amplio (FA) mantuvo este lunes una reunión con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, para conocer los detalles de la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo en Fiscalía en el marco del caso Cardama Uruguay. El encuentro tuvo como eje las irregularidades detectadas en la garantía presentada por la empresa española Cardama, encargada de construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.
Según el gobierno, existen fuertes indicios de estafa o fraude contra el Estado uruguayo, lo que encendió las alarmas en el sistema político y llevó al Frente Amplio a reclamar explicaciones formales.
Preocupación y defensa institucional
El presidente del FA, Fernando Pereira, expresó su preocupación por la fragilidad de la garantía presentada por la empresa. “Es floja, es de papel, es inexistente. Cardama ya reconoció que no existe y era inexistente desde el inicio”, afirmó tras la reunión.
Para Pereira, el episodio pone en juego no solo la transparencia del proceso, sino también la seriedad con que el Estado uruguayo debe proteger sus contratos internacionales. “Una garantía que a todas luces no se debería haber aceptado”, añadió.
El dirigente sostuvo que el tema trasciende las fronteras partidarias. “La preocupación por la garantía de Cardama la debería tener no solo el Frente Amplio y el Gobierno, sino todos los partidos políticos. Si un privado presentó una garantía de un banco en donde en realidad hay una inmobiliaria, estamos ante una estafa. Y si alguien intenta engañar al Estado uruguayo, los partidos deben defenderlo”, subrayó.
El Frente Amplio respalda al presidente Orsi y pide respeto institucional
En medio de la controversia, Pereira también salió al cruce de las declaraciones del expresidente Luis Lacalle Pou, quien había cuestionado la actuación del Gobierno. El líder frenteamplista calificó los dichos de “irrespetuosos” y recordó que el presidente Yamandú Orsi “no es arrastrado por nadie”.
“No sé por qué intervino Lacalle en esta discusión, pero decir que lo arrastran es una falta de respeto. En este país, el presidente es el primer mandatario y resolvió correctamente. Estábamos ante una posible estafa”, dijo Pereira.
El dirigente subrayó que la administración de Orsi decidió continuar con los pagos previstos en el contrato “porque cumple los compromisos asumidos”, pero que fue durante los controles de rutina cuando se detectaron las presuntas irregularidades en la garantía. “Por eso se actuó con responsabilidad institucional y se presentó la denuncia ante Fiscalía”, explicó.
El contrato y las responsabilidades
La empresa Cardama había sido adjudicataria del contrato para construir dos patrullas oceánicas, una inversión estratégica para la Armada Nacional. El acuerdo incluía una garantía financiera que ahora se investiga por posible falsificación o presentación fraudulenta.
El legislador frenteamplista Sebastián Sánchez recordó que el contrato establece mecanismos de resolución de conflictos. “Existe la posibilidad de mediación, y se va a utilizar”, afirmó, insistiendo en que el proceso debe continuar “con serenidad, transparencia y respeto institucional”.
Desde el FA se señaló también que la falta de controles adecuados durante la gestión anterior pudo haber facilitado la irregularidad. Sin embargo, Pereira evitó profundizar en ese punto y pidió “tomar las cosas con calma y sin hacer de esto una disputa política”.
Transparencia y responsabilidad en el caso Cardama Uruguay
El caso Cardama Uruguay se transformó en uno de los primeros desafíos institucionales para el nuevo gobierno. El Frente Amplio busca equilibrar la firmeza en la denuncia con la preservación de la confianza en las instituciones. “No vamos a permitir que se ofenda al presidente ni que se deslegitime una acción que fue correcta y necesaria”, afirmó Pereira.
Para el FA, el episodio demuestra la necesidad de reforzar los controles del Estado en contratos con empresas extranjeras, especialmente en materia de garantías bancarias y mecanismos de fiscalización. “Lo importante es que las reglas se cumplan y que nadie pueda vulnerar la confianza del Estado uruguayo”, sostuvo el dirigente.
El oficialismo y la oposición coinciden en que el caso deberá ser aclarado por la Justicia, pero desde el Frente Amplio enfatizan que la prioridad es proteger los intereses públicos sin caer en enfrentamientos partidarios.