La desinformación rusa ha llegado a los tribunales federales de Argentina tras una denuncia formal que busca desarticular una presunta red de injerencia extranjera. El abogado Jorge Monastersky presentó el escrito este viernes ante la Justicia Federal, solicitando que se investigue la existencia de estructuras organizadas que, financiadas por el régimen de Vladimir Putin, intentarían infiltrarse en medios de comunicación locales. El objetivo de estas maniobras sería incidir en la formación de la opinión pública y afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas del país a través de contenidos modelados desde el exterior.
La presentación judicial surge en un contexto de alta sensibilidad institucional. El impulso de la causa se fundamenta en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), emitido el 2 de abril de 2026. En dicho documento oficial, el organismo informó al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”. Según la SIDE, este grupo está integrado por ciudadanos rusos que cuentan con recursos internacionales y nexos operativos en territorio argentino, lo que desplaza el caso del terreno de la especulación periodística al de una amenaza a la seguridad nacional.
El impacto de la desinformación rusa en la democracia argentina
El letrado denunciante sostiene que la gravedad de los hechos impone una investigación inmediata para determinar si se han violado preceptos de la Ley de Inteligencia Nacional. El despliegue de la desinformación rusa no se limitaría a la simple difusión de noticias falsas, sino que involucraría una estructura sofisticada con financiamiento externo. Según las investigaciones preliminares citadas en el escrito, se habrían producido cerca de 250 artículos periodísticos diseñados para modular el debate social. Estos contenidos habrían sido filtrados en diversos medios a través de pagos presuntamente realizados a editores o periodistas, quienes habrían actuado sin el conocimiento de las empresas para las cuales trabajan.
El escrito judicial destaca la necesidad de esclarecer si existieron contraprestaciones económicas directas para canalizar estos contenidos. Para ello, Monastersky propuso identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios finales. También se solicitó que el organismo ARCA informe sobre movimientos financieros relevantes que pudieran estar vinculados a estas operaciones. El riesgo fundamental planteado en la denuncia es la capacidad de estas estructuras para alterar la formación de la voluntad del electorado, especialmente en períodos de campaña, afectando la integridad de la competencia política en Argentina.
La red denominada «La Compañía»
De acuerdo a los datos volcados en la denuncia, «La Compañía» operaría como una célula de injerencia con objetivos estratégicos claros. Su funcionamiento habría sido expuesto tanto por organismos de inteligencia como por investigaciones de medios internacionales y locales como Infobae y openDemocracy. La denuncia recalca que no se puede tratar este fenómeno como una dinámica comunicacional inofensiva, sino como una herramienta de guerra híbrida que utiliza la libertad de prensa de las democracias para socavar sus propios cimientos.
Medidas solicitadas ante la Justicia Federal
El abogado pidió al tribunal una batería de medidas técnicas para dimensionar el alcance de la red. Entre ellas, figura el análisis de patrones de difusión digital por parte de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP). También se sugirió la consulta a plataformas digitales globales para rastrear el origen de los fondos publicitarios y la posible cooperación internacional con organismos de seguridad de otros países que han enfrentado amenazas similares de injerencia moscovita.
Riesgo institucional y opinión pública
La denuncia señala que el fenómeno de la manipulación informativa representa un desafío creciente para la justicia penal. Monastersky advirtió que es vital determinar el grado de conocimiento de los periodistas involucrados, diferenciando entre aquellos que pudieron ser inducidos al error y quienes participaron de manera consciente en la red de pagos. La preservación de los intereses estratégicos del país depende, según el letrado, de una intervención judicial oportuna que logre identificar a los actores locales que facilitan este tipo de operaciones de influencia extranjera en el ecosistema mediático nacional.