La realidad social del litoral norte del país ha dejado de ser una luz amarilla para convertirse en una herida abierta que la gestión estatal no logra cicatrizar. Las cifras del último censo nacional y los relevamientos de la encuesta continua de hogares han puesto nombre y apellido a una tragedia persistente: la pobreza en Salto no es un fenómeno pasajero, sino una condición estructural que se alimenta de la desocupación crónica, la precariedad laboral y una alarmante falta de acceso a servicios básicos. Jorge Vaz Tourem, jerarca del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el departamento, reconoció que el escenario es crítico, especialmente en las zonas donde la marginalidad ha echado raíces profundas a través de los asentamientos.
El jerarca admite que la pobreza se ensaña con hogares con niños.
El mapa del hambre y la Pobreza en Salto
El análisis oficial confirma una tendencia perversa: el déficit de recursos se concentra con mayor virulencia en los hogares monoparentales donde los niños son los principales afectados. Uruguay asiste a una caída estrepitosa de la natalidad, pero en el norte, los pocos niños que nacen lo hacen, en su gran mayoría, bajo la línea de indigencia o en contextos de vulnerabilidad extrema. Vaz Tourem sostiene que el foco debe estar en la alimentación y la capacitación, pero lo cierto es que los programas actuales parecen ser apenas paliativos ante una marea de necesidades básicas insatisfechas que el Estado intenta contener con una batería de acciones que, en la práctica, no han logrado mover la aguja de la exclusión.
Miles de salteños dependen de los comedores y canastas de emergencia.
Salto ostenta hoy uno de los números de asentamientos más elevados del norte uruguayo. Si bien departamentos vecinos como Paysandú registran una mayor densidad poblacional en estos núcleos, la capital salteña padece una segregación territorial que impide el acceso a proyectos de inclusión social y servicios públicos elementales. El rol del Mides se limita, según sus autoridades, a ser un «promotor y articulador», una definición que suena a poco cuando miles de salteños dependen de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales para discutir temas tan urgentes como la vivienda digna, cuya próxima reunión recién se concretará a fines de febrero.
La dependencia de la vianda y la canasta de emergencia
La estrategia de seguridad alimentaria en el departamento descansa sobre los hombros del INDA y la gestión logística de la Intendencia de Salto. El sistema actual opera mediante comedores y puntos de entrega de viandas distribuidos en la ciudad, un modelo que confirma la dependencia de miles de familias del suministro diario de alimentos procesados por el Estado. A esto se suman las canastas para pacientes crónicos y las transferencias económicas que apenas cubren lo básico en higiene y nutrición, dejando en evidencia que el sistema está diseñado para la supervivencia y no para la salida real de la pobreza.
Incapacidad estatal ante la pobreza estructural
A pesar de la existencia de programas como Uruguay Crece Contigo, la intervención territorial sigue siendo insuficiente ante la magnitud de la problemática. El trabajo con poblaciones con discapacidad en zonas periféricas y el interior profundo del departamento muestra una fragmentación que dificulta el impacto real de las políticas sociales. La falta de una mirada integral que combine empleo genuino con infraestructura habitacional condena a los barrios periféricos a un ciclo de asistencialismo del que parece imposible escapar bajo el actual esquema de gestión.
Vivienda y servicios: el gran debe de la interinstitucionalidad
El acceso a la vivienda sigue siendo el cuello de botella de cualquier intento de mejora social. Sin servicios de saneamiento, agua potable estable y luz eléctrica formal, los asentamientos de Salto se convierten en trampas de pobreza que ninguna transferencia económica puede compensar. La articulación entre organismos públicos, que se pretende vender como una solución técnica, se topa diariamente con la burocracia y la falta de presupuesto real para obras de fondo que saquen a los salteños del barro y la precariedad habitacional.
La gestión de Vaz Tourem se enfrenta a un desafío que excede las capacidades de un solo ministerio. La combinación de desempleo y falta de horizontes educativos para los «gurises» del litoral norte está gestando una nueva generación de ciudadanos excluidos del contrato social. La pobreza en Salto no se combate solo con voluntad política o reuniones de mesa interinstitucional; se requiere una inversión masiva y un cambio de paradigma que deje de ver a la asistencia social como una meta y empiece a verla como el fracaso rotundo de una sociedad que no puede alimentar a sus hijos sin mediación estatal.