Lo que por años fue un secreto a voces en los pasillos de las obras en construcción, hoy es un expediente que quema en las manos del fiscal Gilberto Rodríguez. El presunto financiamiento ilegal del Partido Comunista ha dejado de ser una sospecha de boliche para transformarse en una investigación por lavado de activos que involucra cifras astronómicas y nombres de peso pesado en el Parlamento. A enero de 2026, la trama que vincula a la Lista 1001 con el desvío de fondos del Sunca amenaza con derribar el relato de transparencia y ética que el PCU ha intentado vender durante décadas.
La maniobra, que la Fiscalía de Delitos Económicos y la Senaclaft siguen de cerca, se centra en una mega estafa estimada en más de 1.200.000 dólares. El dinero, que debía destinarse al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) para darle un techo digno a los trabajadores, habría terminado financiando el aparato propagandístico comunista. Según testimonios de ex sindicalistas que ya fueron condenados penalmente, la orden era clara: vaciar el fondo «solidario» para aceitar las campañas electorales, desde las internas de 2024 hasta las departamentales de 2025.
Andrade y Diverio bajo la sombra del financiamiento ilegal del Partido Comunista
El centro de este terremoto político tiene dos protagonistas con fueros parlamentarios: el senador Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio. Ambos, históricos dirigentes del Sunca, han sido señalados por los propios condenados como los responsables de dar las órdenes directas para las maniobras financieras. El financiamiento ilegal del Partido Comunista no habría sido un error administrativo, sino un plan sistemático para utilizar la estructura del sindicato de la construcción como una financiera partidaria al servicio de la cúpula comunista.
Hasta el momento, la protección de los fueros ha funcionado como un escudo para que estos legisladores no tengan que declarar formalmente ante el fiscal Rodríguez. Sin embargo, la Senaclaft ya solicitó los balances contables del PCU para cruzar datos con los movimientos bancarios del Fosvoc. Resulta difícil de explicar cómo un partido que dice representar a la clase obrera habría utilizado el dinero de las viviendas de esos mismos obreros para empapelar las ciudades con carteles de la Lista 1001 durante tres ciclos electorales consecutivos.
La conexión venezolana y el financiamiento ilegal del Partido Comunista
Pero el escándalo no termina en las fronteras de Uruguay. El financiamiento ilegal del Partido Comunista también tendría ramificaciones internacionales que apuntan directamente a la dictadura de Nicolás Maduro. El libro «Petrodiplomacia», publicado por Martín Natalevich en 2024, revela que el PCU habría recibido fondos del régimen chavista durante al menos dos décadas. Esta inyección de «dinero negro» proveniente de Caracas explicaría, en gran medida, la obsecuencia de figuras como Marcelo Abdala y otros dirigentes sindicales con el dictador venezolano.
No es casualidad que los principales cabecillas del PIT-CNT, integrantes orgánicos del Partido Comunista, viajen con frecuencia a abrazarse con Maduro en actos públicos. La pregunta que la Justicia uruguaya debe responder es cómo ingresó ese dinero al país y si fue declarado ante los organismos de control. El financiamiento ilegal del Partido Comunista parece ser un rompecabezas donde las piezas de la corrupción sindical encajan perfectamente con los intereses de la dictadura venezolana, configurando una red de financiamiento paralelo que adultera cualquier proceso democrático nacional.
Justicia lenta frente al financiamiento ilegal del Partido Comunista
A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que ya existen cinco personas condenadas que «cantaron» ante la Justicia, la causa parece avanzar a paso de tortuga. Los privilegios parlamentarios de Andrade y Diverio no deberían ser un obstáculo para llegar a la verdad sobre el financiamiento ilegal del Partido Comunista. La sociedad uruguaya, y especialmente los obreros de la construcción que pusieron su plata confiando en un fondo social, merecen saber quién se quedó con el dinero y quién dio la orden de usarlo para fines partidarios.
La Senaclaft está verificando si existen registros de ingresos provenientes de estas maniobras en los balances presentados por el partido. Si el sistema judicial no acelera los tiempos y no se investiga a fondo este esquema de corrupción, el mensaje para el ciudadano de a pie es devastador: en Uruguay, si tenés un sindicato atrás y un sillón en el Parlamento, podés robarte el fondo de vivienda de los trabajadores y salir impune. El financiamiento ilegal del Partido Comunista es la prueba de fuego para una Justicia que debe demostrar que la ley es igual para todos, incluso para los que se esconden atrás de una bandera roja.
¿Hasta cuándo se va a permitir que el dinero sucio de la dictadura venezolana y el desvío de fondos sindicales decidan quién tiene más voz en las elecciones uruguayas?