Alarma en el agro: El fantasma de la intervención estatal profunda vuelve a sobrevolar los campos uruguayos. En plena gira y buscando posicionarse, el senador del Frente Amplio por la polémica lista 711, Felipe Carballo, anda de recorridas por el interior. Según señalaron fuentes políticas en exclusiva a Uruguay al día, Carballo tiene la firme intención de ser candidato a presidente. Fue en este marco electoral que lanzó un anuncio sobre Alur que dejó a más de uno con la sangre helada y recordando los peores métodos del populismo regional.
El mensaje oficial, disfrazado bajo el siempre simpático manto de la equidad y el apoyo a los más chicos, esconde una advertencia que suena a amenaza directa para el sector privado. Esos que tienen 400 que se vayan aprontando porque eso va a bajar a 200 hectáreas», disparó el legislador, desatando un tembladeral en el sector agropecuario. ¿Qué significa exactamente que se vayan aprontando? ¿Desde cuándo el estado decide por decreto quién puede producir y cuánto en nuestra propia tierra?
Que estas declaraciones vengan precisamente del riñón de la lista 711 no es un dato menor para la memoria de los uruguayos. Hablamos del sector fundado por Raúl Sendic, aquel vicepresidente que debió renunciar acorralado por los escándalos de gestión, el agujero negro de Ancap y el uso indebido de tarjetas corporativas. Ahora, mientras Carballo se prueba el traje de presidenciable, vuelven a levantar la voz desde ese mismo espacio político para dictar cátedras de moral y de redistribución con la plata y el esfuerzo ajeno.
Declaraciones de Felipe Carballo
Pero la sombra que se proyecta sobre este anuncio es aún más oscura y nos remonta a las épocas más violentas de nuestra historia reciente. Resulta inevitable preguntarse si este plan no es, en el fondo, un eco trasnochado de las ideas de Raúl «Bebe» Sendic, el histórico líder tupamaro. El viejo Sendic, desde su concepción guerrillera y su fijación con los cañeros de Bella Unión, pregonaba a los cuatro vientos la expropiación y el reparto de tierras. Hoy, sus herederos políticos cambian los fusiles por los micrófonos en sus recorridas de campaña y los decretos de Alur, pero la esencia persecutoria hacia el que produce a gran escala parece mantenerse intacta.
Es una ironía casi trágica que utilicen a Alur, la misma empresa que fue el epicentro del despilfarro durante la gestión de Sendic hijo, como herramienta para imponer esta suerte de reforma agraria encubierta. Si bien desde los despachos frenteamplistas intentan maquillar la movida argumentando que se trata solo de un recorte en los cupos de compra, la retórica utilizada cruza un límite institucional muy peligroso. Hablar de redistribuir esa diferencia cuando se refieren a hectáreas productivas es, como mínimo, una provocación. En el peor de los casos, funciona como un globo sonda para medir la tolerancia del campo a medidas de corte netamente chavista.
En Uruguay al día no nos quedamos con el discurso políticamente correcto ni compramos buzones. Sabemos que cuando el estado, y especialmente ciertos sectores con aspiraciones de poder, empiezan a meter la mano con la excusa de la famosa redistribución, el que termina pagando los platos rotos es el país productivo. Castigar al productor que logró crecer, que arriesga su capital y que da trabajo a gran escala para forzar un derrame artificial, es una receta populista que ya vimos fracasar estrepitosamente en Venezuela y en toda América Latina.
Hoy te avisan que te bajan el límite de 400 a 200 hectáreas para hacer demagogia barata con los pequeños productores y empujar la candidatura presidencial de Carballo. Mañana, con el terreno ya abonado por esta retórica agresiva y bajo la eterna consigna de la utopía tupamara, ¿quién te asegura que no vengan directamente por el título de propiedad? El campo uruguayo necesita reglas claras y libertad total para trabajar, no amenazas encubiertas que huelen a un exprópiese a la uruguaya impulsado por la herencia de la lista 711