El aire en la Torre Ejecutiva cambió de temperatura cuando Yamandú Orsi decidió que no hay tiempo para más debates académicos. Mientras en la calle la inseguridad se mide en homicidios y balaceras, el presidente decidió terminar con el suspenso: los vehículos del Ejército van a estar en la primera línea. «La decisión está tomada», soltó ante los micrófonos, dejando claro que las sutilezas sobre la «imagen» que tanto preocupan al ministro Juan Castillo han quedado archivadas en el cajón de las prioridades secundarias.
Para los vecinos de Marconi o el Cerro, la sigla del vehículo importa poco cuando el miedo es el que marca la rutina. La escena es clara: camiones que fueron pensados para misiones de paz bajo bandera de la ONU en tierras lejanas, hoy tienen como misión recuperar el control de esquinas que el Estado parecía haber cedido por decreto de silencio.
El despliegue busca devolver la presencia estatal a barrios históricamente dominados por bandas criminales.
Acción frente a las críticas de escritorio
Cuando el ministro Castillo deslizó que ver militares en las calles «no es buena cosa», no hizo más que tocar un nervio sensible que atraviesa toda la historia política uruguaya. Sin embargo, Orsi fue quirúrgico en su respuesta. Para el presidente, la discusión sobre si la imagen es «buena» o «mala» es un lujo que la realidad actual no permite.
La maquinaria ya está en marcha. Los Mamba MK7, esos tanques donados por Estados Unidos que costaron millones de dólares, dejarán de ser piezas de museo en los desfiles militares para cumplir una función operativa real. Es una apuesta fuerte, arriesgada y, para muchos analistas, una declaración de guerra contra un crimen organizado que hace tiempo dejó de respetar los límites institucionales.
El peso de la infraestructura estatal
El uso de estos vehículos del Ejército es, ante todo, un mensaje de fuerza. No se trata solo de mover tropas; se trata de demostrar que el Estado tiene músculo. «No podemos escatimar ningún esfuerzo», repitió Orsi, y el mensaje caló hondo. El esquema ya está delineado: el Ministerio de Defensa pone el fierro, el Ministerio del Interior pone la inteligencia, y la factura se compensa con horas de servicio y logística. Una burocracia que se mueve rápido cuando la sangre llega al río.
Mientras tanto, en las unidades militares, el ambiente es de cautela. Nadie quiere que un oficial termine encausado judicialmente por una orden que vino desde arriba. El fantasma del pasado judicial siempre asoma, pero la necesidad operativa hoy es la que manda.
Una apuesta sin retorno
La pregunta que queda flotando es qué pasará cuando los primeros blindados tengan que ingresar a un pasaje estrecho donde las balas no distinguen entre civiles, policías o militares. ¿Están preparados? La capacitación existe, el equipo es de vanguardia, pero la calle es una bestia diferente a un escenario de paz internacional.
Orsi ha decidido asumir el costo político de esta movida. Sabe que cualquier error será utilizado por la oposición para gritar «militarización» y por sus aliados para hablar de «excesos». Pero, a esta altura, el presidente parece haber entendido que en la lucha contra el narco, el inmovilismo es la derrota más segura. Los vehículos del Ejército no son la solución mágica, pero son, a falta de otras ideas, la respuesta más contundente que el gobierno ha podido poner sobre la mesa. La hora de las explicaciones parece haber terminado; ahora, toca ver si el despliegue logra, al menos, recuperar un poco de aire para una sociedad que hace tiempo respira a través de una reja.