La estancia «El Gran Chaparral» —aquel enclave que se convirtió en símbolo del fastuoso estilo de vida del sindicalista Marcelo Balcedo en Piriápolis— sigue siendo el escenario de una disputa que está lejos de bajar el telón. Esta vez, el capítulo lo escriben los ex empleados, quienes, cansados de esperar por sus indemnizaciones, han decidido apelar la resolución que suspendió el remate del predio.
Para quienes trabajaron años bajo la órbita de Balcedo, la suspensión de la subasta no fue un detalle técnico; fue un balde de agua fría. En los pasillos de los juzgados se respira el cansancio de un proceso que parece estirarse indefinidamente mientras sus reclamos económicos siguen acumulando polvo.
El predio permanece bajo custodia judicial a la espera de una resolución definitiva sobre su remate.
El nudo del conflicto
La suspensión del remate, que prometía ser el momento clave para que los trabajadores pudieran cobrar parte de lo que se les adeuda, dejó un vacío legal que las defensas de los ex empleados no tardaron en cuestionar. La apelación presentada busca revertir esa decisión, argumentando que se están vulnerando sus derechos básicos como acreedores laborales.
El predio, que en su momento de esplendor albergó desde una flota de autos de alta gama hasta un zoológico privado, hoy es el centro de una maraña de intereses. Por un lado, la Justicia uruguaya intentando liquidar los bienes derivados del proceso penal contra Balcedo; por otro, los trabajadores que buscan —después de mucho tiempo— cobrar sus haberes.
La voz de los trabajadores
«Nosotros no pedimos nada que no hayamos ganado trabajando», suele ser la frase que se escucha en boca de quienes hoy pelean en tribunales. La figura de Balcedo, que pasó de ser un poderoso sindicalista a protagonista de una causa internacional de lavado de activos, parece haberse esfumado, pero el tendal de deudas que dejó en Uruguay sigue generando ondas expansivas.
Lo que irrita a los damnificados es la sensación de que el tiempo juega a favor de la burocracia y no de sus necesidades reales. Mientras la estancia permanece bajo custodia, la inflación y el paso de los años hacen que sus reclamos se sientan, cada vez más, como una batalla contra un molino de viento legal.
¿Qué viene ahora?
La apelación será ahora analizada por los tribunales de alzada, y la expectativa es máxima. Si el recurso prospera, el remate podría volver a ponerse en marcha, dándole una nueva oportunidad a los ex empleados de ver, finalmente, el dinero que les corresponde. Si la Justicia mantiene la suspensión, el conflicto entrará en un terreno de incertidumbre aún mayor, donde la estancia podría terminar convertida en un activo congelado por mucho más tiempo.
Lo cierto es que «El Gran Chaparral» sigue ahí, enclavado en las sierras de Maldonado, como un monumento a una época de impunidad que terminó de la peor manera. La Justicia uruguaya tiene ahora la pelota en su cancha: decidir si el remate es el camino para cerrar este capítulo doloroso o si el proceso judicial seguirá girando sobre sí mismo, dejando a los trabajadores con la única garantía de un expediente lleno de papeles pero sin soluciones concretas.