Néstor Núñez no fue a Treinta y Tres a buscar un saludo protocolar. Fue a buscar la dignidad que el sistema de salud le ha negado sistemáticamente desde 2024, cuando su hija, la pediatra María Soledad Barrera, murió en una mesa de operaciones por una mala praxis que, para los jerarcas de turno, parece ser un simple «error administrativo». Con la foto de su hija en una mano y la carta que el gobierno se encargó de ignorar en la otra, Núñez interceptó a Yamandú Orsi para recordarle que la justicia en este país tiene precio, y parece que es bastante bajo.
La anestesista Inés Miralles, responsable directa de la muerte de la joven médica, fue condenada, pero la respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) fue un escupitajo en la cara de la familia: redujeron su inhabilitación de cinco a tres años. ¿El resultado? La renuncia en masa de la comisión asesora que, al menos, intentaba hacer su trabajo con honestidad profesional.
Lustemberg, bajo la sombra de la sospecha
La ministra Cristina Lustemberg ha quedado en el centro de la tormenta, y con razón. Su decisión de suavizar la sanción a una profesional condenada por homicidio culpable no es un error de interpretación; es una declaración de principios. ¿A quién protege la ministra? Esa es la pregunta que Néstor Núñez le puso sobre la mesa al presidente Orsi, quien, como es habitual, respondió con el manual del político que busca ganar tiempo: «Vamos a analizarlo».
¿Analizar qué, presidente? La muerte de una colega, de una médica que debería estar salvando vidas y no siendo víctima de una cadena de negligencias protegidas por el poder político. La inacción del MSP no es solo indolencia, es complicidad pura y dura. Mientras la anestesista cumple una pena simbólica en la comodidad de su domicilio, la familia de María Soledad Barrera se desmorona en el duelo y la bronca.
Un diálogo que desnuda la impotencia
El intercambio registrado en Treinta y Tres es la prueba del algodón de nuestra decadencia institucional. Mientras Orsi intentaba deslizar que «ir todos los días a preguntar» no cambiaba nada —como si la burocracia fuera una fuerza de la naturaleza y no una decisión política—, Núñez le devolvió la verdad cruda: «Nunca se apuró, ni no se va a apurar, como tampoco va a renunciar la ministra».
La realidad es que el gobierno ha decidido proteger sus estructuras antes que a sus ciudadanos. La ministra Lustemberg sigue en su cargo, inamovible, mientras la ética médica se desangra en los pasillos de un ministerio que parece haber olvidado para qué sirve.
La justicia que llega tarde no es justicia
«Nos quedamos sin hija y ahora nos vamos a quedar sin pena». La frase de Núñez no debería dejar dormir a nadie en la Torre Ejecutiva. Estamos ante un caso donde la responsabilidad médica es absoluta, pero la responsabilidad política es un laberinto de excusas. Si no hay sanción ejemplar, si el MSP sigue premiando a los negligentes con reducciones de penas y protegiendo a los suyos, entonces el sistema sanitario uruguayo ha entrado en una fase de putrefacción que no tiene retorno.
El caso de María Soledad Barrera es el espejo donde todos debemos mirarnos. Si esto le pasa a una médica, ¿qué queda para el ciudadano común que no tiene voz para protestar? Orsi tiene la pelota en su cancha, pero la paciencia de la sociedad ya no da para más diagnósticos. La renuncia de Lustemberg no sería solo un gesto hacia la familia; sería el mínimo mensaje de decencia que el Estado debe enviar para demostrar que, al menos, todavía le importa la vida humana.