Escuche la entrevista con Aquiles Mainardi
Las canastas del CECOED entregadas a trabajadores damnificados por el incendio del Mercado Regional del Norte quedaron en el centro de la polémica. Lo que la Intendencia de Salto presentó como una respuesta rápida ante la emergencia fue leído por parte de los afectados como una ayuda insuficiente, mal planificada y comunicada con torpeza política.
El incendio del Mercado Regional del Norte provocó pérdidas prácticamente totales y dejó a decenas de trabajadores sin su principal fuente de ingreso. En ese escenario, el Comité Departamental de Emergencias (CECOED), en coordinación con Desarrollo Social de la Intendencia, resolvió entregar canastas de alimentos como respuesta inmediata.
El director del CECOED, Aquiles Mainardi, explicó que el contenido de las canastas fue definido junto a Desarrollo Social y que la lista de beneficiarios fue proporcionada por los propios trabajadores, quienes designaron referentes el mismo día del incendio. Según el jerarca, el objetivo fue dar una “respuesta rápida” ante una situación urgente, sin pretender que la ayuda resolviera el problema de fondo.
Mainardi rechazó el calificativo de “miserable” utilizado por algunos damnificados, aunque reconoció que la ayuda fue “insuficiente”. Admitió que ninguna canasta puede sustituir la pérdida de una fuente laboral y sostuvo que la única salida real es la reactivación de la actividad del mercado. La asistencia, afirmó, tuvo un carácter estrictamente paliativo.
Sin embargo, las explicaciones dejaron zonas grises. El propio director del CECOED reconoció no saber cuánto dinero destinó la Intendencia a cada canasta. Dijo desconocer el valor exacto y se limitó a compararlas con las que suele entregar el Ministerio de Desarrollo Social en situaciones de emergencia. La falta de datos concretos sobre el uso de recursos públicos alimentó cuestionamientos sobre la planificación y el control de la ayuda.
Según lo informado, se entregaron 50 canastas en una primera instancia y se sumaron tres más tras incorporar a trabajadores que no figuraban en la lista inicial. En total, 53 personas recibieron asistencia. Mainardi aseguró que quienes retiraron las canastas se manifestaron agradecidos, aunque admitió que existen versiones distintas que serán revisadas en nuevos encuentros con los afectados.
Uno de los episodios que más tensión generó fue el relato de un trabajador que afirmó haber rechazado una foto durante la entrega, pidiendo que no se hiciera política con la necesidad. Mainardi negó de forma tajante haber intentado sacarse fotos y aseguró que no existe ninguna imagen suya entregando canastas. Reconoció, de todos modos, que no sería apropiado que un jerarca municipal se fotografíe en medio de una emergencia social con una ayuda cuestionada por quienes la reciben.
El director del CECOED insistió en que no hubo intención política y que la gestión se basó en acuerdos previos con los trabajadores, con aviso anticipado y sin improvisación. También señaló que la Intendencia mantiene contacto con los damnificados y que la situación sigue siendo monitoreada para evaluar nuevas formas de apoyo.
El caso dejó al descubierto una tensión recurrente en la gestión de emergencias: la distancia entre la lógica administrativa y la percepción ciudadana. Cuando la ayuda llega, pero llega mal explicada, sin cifras claras y sin un marco de seguimiento, el impacto social se diluye y el malestar crece.
Más allá de las intenciones declaradas, el episodio plantea interrogantes sobre criterios, transparencia y sensibilidad política. En situaciones donde los vecinos pierden su sustento, la respuesta estatal no se mide solo por la rapidez, sino por la calidad, la comunicación y el respeto con que se administra la ayuda.