La reciente decisión del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de abrir una convocatoria basada estrictamente en la identidad de género de los solicitantes puso sobre la mesa un debate que incomoda al sistema político: el uso de recursos públicos para financiar proyectos con criterios de exclusión biológica. A través de la Unidad de Desarrollo Social y Género (UDSG), la cartera dirigida por Elisa Facio —con el impulso técnico de la jerarca Fernanda Cardona— destinará 3.500.000 pesos de los contribuyentes para subsidiar exclusivamente a emprendimientos liderados por mujeres o personas trans.
La gestión del programa «Mujeres que Transforman 2025» plantea una interrogante ética y jurídica que trasciende la búsqueda de equidad. Al otorgar partidas de 450.000 pesos a siete proyectos seleccionados, el Estado uruguayo no solo entrega dinero que no deberá ser devuelto, sino que establece un filtro de acceso que nada tiene que ver con la viabilidad técnica, el potencial exportador o la eficiencia económica de las empresas. El único requisito excluyente es la autopercepción de quienes dirigen la firma.
Esta política de cuotas, disfrazada de incentivo, choca de frente con el artículo 8 de la Constitución de la República. La Carta Magna es taxativa: «Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes». Sin embargo, un emprendedor que sostiene su pyme a pulmón, paga sus aportes al día y genera empleo, queda automáticamente fuera de la ventanilla estatal por el solo hecho de ser hombre.
El impacto ciudadano es claro. Se utiliza el fondo común, nutrido en gran medida por una fuerza laboral masculina que, según el INE, registra una tasa de actividad del 68,9%, para financiar una agenda que los ignora como sujetos de derecho. No se trata de una ayuda social a sectores vulnerables, sino de un reparto de capital semilla donde el talento queda relegado frente a la agenda de género que ha cooptado áreas estratégicas de la administración pública. Mientras los pequeños comerciantes pelean contra el costo del Estado, el MIEM elige ganadores basándose en la identidad, profundizando una desigualdad institucionalizada que fractura el contrato social.