Grieta, luto y una decisión judicial que une los extremos en el caso de Daniel Castellá
En el Uruguay de las memorias enfrentadas, pocas veces se ve un episodio donde las dos orillas del río coincidan con tanta firmeza. El reciente dictamen en el caso de Daniel Castellá ha logrado lo que parecía una utopía: que los militares recluidos en Domingo Arena y la asociación de expresos políticos Crysol firmen una condena común contra una resolución judicial. La negativa del magistrado Sebastián Puñales a permitir que el general retirado asistiera al entierro de su hermano, Arturo Castellá, un exintegrante del MLN-Tupamaros, ha despertado un debate sobre los límites de la humanidad en el sistema penitenciario.
Arturo Castellá falleció el pasado viernes a los 76 años, dejando atrás una historia de militancia y reclusión que marcó a su familia durante la dictadura. Mientras tanto, su hermano Daniel cumple una condena de más de trece años por su responsabilidad en el homicidio del médico Vladimir Roslik, un hito oscuro de la represión. En el caso de Daniel Castellá, el pedido para acudir al velatorio no era una solicitud de libertad, sino un gesto humanitario básico que atraviesa cualquier ideología. Sin embargo, el juez Puñales, subrogante durante la feria judicial, cerró la puerta sin dar explicaciones públicas ni privadas sobre su fundamento.
La paradoja de una familia partida por la historia y el caso de Daniel Castellá
La familia Castellá es, en sí misma, un resumen de las contradicciones que atravesaron al país en el siglo pasado. De los siete hermanos, uno terminó siendo general del Ejército y otro, Arturo, pasó trece años preso por su militancia tupamara. Un tercer hermano, Gabriel, llegó a ser subsecretario de Defensa durante los gobiernos del Frente Amplio. Esta complejidad familiar hace que el caso de Daniel Castellá sea todavía más sensible, ya que el deseo de la familia era que ambos pudieran despedirse a pesar de las rejas y las causas penales que los separaban de la libertad.
Guillermo Castellá, otro de los hermanos, relató con amargura que la unidad familiar siempre se mantuvo por encima de las diferencias políticas. En el caso de Daniel Castellá, la justicia parece haber ignorado el componente humano de la orfandad y el duelo. El juez se negó a informar a los medios y, según la familia, tampoco le comunicó al militar preso las razones jurídicas de la negativa. Esta falta de transparencia alimenta la sensación de que, en ciertos expedientes, la ley se aplica con un rigor que roza la arbitrariedad, alejándose del espíritu de reparación que debería guiar a la justicia.
Críticas cruzadas y el consenso inesperado por el caso de Daniel Castellá
Desde la vereda de los militares presos, el coronel Eduardo Ferro no ahorró calificativos para describir la situación. En una carta que circuló por la cárcel de Domingo Arena, calificó la decisión como una «crueldad innecesaria» y apuntó contra lo que considera un sistema judicial movido por el odio. Pero lo que realmente sacudió el tablero en el caso de Daniel Castellá fue la declaración de Gastón Grisoni, presidente de Crysol. Para Grisoni, si bien los responsables del terrorismo de Estado deben cumplir sus penas sin beneficios que alivien el castigo, el derecho a despedir a un familiar directo entra en la categoría de derecho humanitario universal.
Este alineamiento de Crysol con el reclamo del militar preso pone en evidencia que la decisión de Puñales cruzó una línea ética que la sociedad civil uruguaya valora. El caso de Daniel Castellá deja de ser una cuestión de «dos demonios» o de revanchismo para transformarse en una discusión sobre cómo el Estado gestiona el dolor de quienes están privados de libertad. La negativa a un permiso de salida transitoria para un entierro, cuando existen las garantías de seguridad suficientes en una cárcel de baja densidad como Domingo Arena, resulta difícil de justificar bajo cualquier manual de derecho penal moderno.
En definitiva, el sistema judicial uruguayo enfrenta ahora un cuestionamiento que nace del propio sentido común. ¿Es la justicia un instrumento de castigo infinito o un sistema que, aun en la condena más dura, debe preservar la dignidad humana? El silencio del juez Puñales y la desazón de una familia que no pudo estar completa en su momento más triste dejan una mancha en el proceso. El caso de Daniel Castellá quedará en la crónica política como el día en que el dolor de una pérdida logró que víctimas y victimarios miraran, por un instante, hacia el mismo lugar de indignación.
¿Hasta qué punto una sentencia judicial debe separar lo punitivo de lo humanitario cuando la muerte golpea la puerta de una celda?