La tolerancia judicial tiene un límite, y para Moisés Martínez, ese límite llegó este martes. Tras una serie de salidas que pusieron en jaque su permanencia en casa, el Tribunal de Apelaciones decidió revocar el beneficio del arresto domiciliario que le había sido concedido meses atrás. El hombre, condenado por el homicidio de su propio padre en mayo de 2025, deberá hacer sus maletas para regresar a la prisión preventiva hasta el próximo 26 de noviembre.
El fallo, al que accedió este medio, es lapidario. No se trató de un error aislado, sino de una conducta repetida. En apenas ocho días, Martínez acumuló tres salidas de su perímetro autorizado. Las explicaciones dadas por su defensa —problemas técnicos con la tobillera electrónica en dos ocasiones y una supuesta confusión por consumo de psicofármacos en la tercera— no fueron suficientes para las ministras Graciela Eustachio y Dolores Sánchez, quienes integraron la mayoría.
Un historial de salidas que no convenció
Las escenas de Martínez fuera de su domicilio fueron documentadas y presentadas por la Fiscalía de Homicidios, que desde el primer minuto insistió en que el arresto no se estaba cumpliendo como correspondía. El episodio más grave fue una salida de 29 minutos. La defensa intentó argumentar que Martínez estaba desorientado bajo el efecto de medicamentos, pero el Tribunal fue tajante: el motivo de «fuerza mayor» nunca quedó probado.
Para los jueces, las justificaciones fueron, en el mejor de los casos, poco plausibles. El mensaje que baja ahora desde el Tribunal es claro: el arresto domiciliario es un privilegio que requiere una responsabilidad absoluta, y quien no lo entiende, pierde el beneficio. Mientras tanto, en la vereda opuesta, el ministro Marcelo Malvar votó por mantener la medida, sugiriendo que bastaba con intensificar el control, aunque quedó en minoría.
El caso que conmocionó a la opinión pública
El caso de Martínez no es uno más en la crónica policial uruguaya. Desde el homicidio de su padre en 2025, el expediente ha estado rodeado de una atención mediática constante. Incluso, el tratamiento periodístico del caso, que incluyó informes televisivos que la familia del fallecido calificó de «nefastos», terminó en cruces públicos entre comunicadores y allegados.
Ahora, con esta nueva resolución, el capítulo del arresto domiciliario queda cerrado. El clima de tensión que rodea a este caso promete mantenerse hasta la próxima instancia judicial. Para la familia de la víctima, el regreso a prisión de Martínez es una respuesta necesaria ante lo que consideraban una medida «blanda» para un crimen de tal magnitud.
¿Qué sigue ahora?
Martínez ya debe estar notificándose sobre su traslado. La prisión preventiva se extenderá, al menos, hasta fines de noviembre. Los abogados defensores, Rodrigo Rey y María de la Paz Echetto, habían apostado todo a que su cliente pudiera continuar con su tratamiento psicológico en libertad, pero el tribunal priorizó la rigurosidad de las medidas cautelares por encima de los argumentos de la defensa.
La Justicia uruguaya ha puesto un punto final a la polémica de las tobilleras y las salidas no autorizadas. Martínez vuelve a la celda, y con ello, se termina la calma relativa que había encontrado en su casa. La pregunta que queda en el aire es si este episodio marcará un antes y un después en cómo el sistema penal evalúa el otorgamiento de domiciliarias para delitos de sangre.